Amnistía (I): el concepto

La Ley Orgánica de Amnistía para los independentistas catalanes sigue su trámite. Y los argumentos, tanto políticos como jurídicos, con los que nos bombardea el Gobierno bien merecen una reflexión.

Es cierto que una amnistía es un instrumento jurídico de perdón y olvido, útiles ambos para una reconciliación. Pero una amnistía parte de dos premisas esenciales: la primera es la existencia de un conflicto (normalmente armado) que haya llevado a la inexistencia del Estado de Derecho, es decir, que durante un tiempo no haya regido más ley que la de la fuerza no legítima; y, la segunda, que las partes pacten la reconciliación, es decir, a no repetir la situación conflictual. Existencia de conflicto sin Estado de Derecho y compromiso de reconciliación es lo que define conceptualmente una amnistía.

Bajo estas dos ideas, y con no pocas cautelas jurídicas (ver el manual de Naciones Unidas sobre Amnistías) se han aplicado en las últimas décadas en todo el mundo. Las amnistías tras la Segunda Guerra Mundial (Italia, Francia, Alemania, Austria, etc.) se hicieron para terminar con los procesos de colaboracionismo con los nazis, los excesos de las guerras coloniales (Francia 1964, por ejemplo), reconciliación tras guerras civiles (Croacia, Sierra Leona, Costa de Marfil, Zimbabwe, etc.) o tras largas dictaduras militares con guerra sucia (Argentina, Chile, etc). Y bajo esas mismas premisas, se hizo la Ley de Amnistía de 1977, con la que se reconocía que la Guerra Civil fue un periodo de conflicto sin Estado de Derecho que no se quería repetir.

En el caso del proceso independentista de 2017 en Cataluña no se dan ninguna de las dos premisas anteriores, ni la situación que ha vivido Cataluña en el periodo de aplicación de la ley (¡2011-2023!) es comparable con ninguna de las mencionadas. Primero porque no hubo ni por un momento quiebra del Estado de Derecho, ya que este existía y se garantizaron los derechos de todos los ciudadanos en todo momento; las leyes que se vulneraron (el Código Penal, básicamente) habían sido legítima y democráticamente aprobadas y las fuerzas del orden actuaron dentro de la ley. Comparar la situación en Cataluña entre 2011 y 2023, con la Francia ocupada, la Alemania nazi, la Croacia de la guerra de los Balcanes, la Argentina de Videla o con la España franquista es, sencillamente, absurdo. En Cataluña no hay conflicto, sino discrepancia política, que no es lo mismo.

Y basta responder a un simple test de realidad para comprobarlo: ¿Han tenido los catalanes los mismos derechos que los demás españoles? ¿Hay violencia ilegítima, detenciones ilegales, apropiaciones y expropiaciones, etc.? ¿Hay una persecución de la ciudadanía por razón de su ideología? Si viven con los mismos derechos que los demás, tienen representación en las Cortes y autogobierno, ¿dónde está el conflicto? Y no lo hay porque viven en un Estado de Derecho, donde se aplican, precisamente, la Constitución y el Código Penal, las dos leyes que suspende esta Ley de Amnistía.

Más aún, si el conflicto existía y esta ley era necesaria, ¿cómo es que el PSOE no lo ha visto hasta ahora y no la ha propuesto en sus programas en ninguna de las elecciones que se han celebrado en los tres últimos años, ni en las generales, ni en las catalanas? Si tan evidente era el conflicto, ¿por qué no promovió el Gobierno del Sr. Sánchez una amnistía en los cuatro años que ha tenido una mayoría parlamentaria más amplia y se embarcó en los indultos, cuando podría haberlo resuelto todo con una ley como esta?

Sin conflicto, ¿para qué, entonces, una ley de Amnistía? Más aún, sin voluntad de reconciliación por parte de los independistas, ¿para qué una ley de Amnistía? Desde luego, no hay causa para la ley.

Esta ley es, pues, conceptualmente, una aberración, porque un partido de Gobierno, el PSOE, está aceptando el relato de los independentistas de la existencia de un conflicto inexistente, la ilegitimidad del Estado para contrarrestar la ilegalidad de la declaración de independencia y los disturbios que propició la administración catalana, y posibilitando una nueva declaración unilateral de independencia.

Y no sé qué es peor, si la manipulación con la que nos bombardea el Gobierno o la estupidez que nos supone. Porque esta ley sólo es necesaria para que el Sr. Sánchez esté en la Moncloa y los políticos catalanes no tengan que rendir cuentas de su corrupción.

Los Pujol incluidos.

*Profesor de Economía de la Universidad Loyola

Suscríbete para seguir leyendo