Son las generales, estúpido, no la vivienda

La campaña de las elecciones municipales se ha iniciado con un debate, el de la vivienda, con raíces municipales, pero que responde a intereses electorales nacionales. Porque a finales de mayo, además de las municipales, se celebran elecciones en doce comunidades y estamos a menos de seis meses de las elecciones generales y el Gobierno quiere el voto urbano juvenil.

En España existían, en 2021, 26 millones de viviendas, de las cuales 19,5 se consideraban principales y 6,5 millones no principales, produciéndose unas 90.000 viviendas anuales. Para un ‘stock’ de viviendas así, anunciar, como hizo el presidente Sánchez, la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb y la construcción de otras 63.000 viviendas sociales, con un gasto de 4.000 millones, son sólo otras cifras de propaganda de Moncloa. Entre otras cosas, porque de las 50.000 de la Sareb muchas son de segunda vivienda y porque con 4.000 millones no se pueden construir, a los precios actuales de la construcción, 63.000 viviendas dignas. Dicho de otra forma, ni se van a movilizar 100.000 viviendas públicas en los próximos años, ni esas viviendas resuelven el problema de la vivienda.

Porque el problema de la vivienda es un problema que está localizado, social y territorialmente. En España hay 19,5 millones de viviendas principales para 19 millones de familias, lo que significa que hay una vivienda principal por cada 2,4 españoles (similar a Europa); un 30% de las familias declaran una segunda residencia y solo el 4,7% de los hogares españoles se consideran «superpoblados» (la ratio más baja de Europa). El problema no es, desde luego, de grandes números si tenemos en cuenta que la población no llega a crecer en 200.000 personas y se construyen casi 100.000 viviendas anuales. El problema es de accesibilidad a una vivienda digna (y hay que definir «digna») en determinadas zonas (esencialmente grandes ciudades) por determinados colectivos sociales (jóvenes e inmigrantes).

Un problema que hay que resolver con políticas realistas. Y la primera política realista empieza por reconocer que, desde hace décadas, hay procesos migratorios en España que reducen población en unas zonas y urbanizan otras, por lo que es necesario planificar las zonas de crecimiento para adecuar la oferta a los crecimientos poblacionales. Dicho de otra forma, los pueblos de Los Pedroches o de La Mancha no tienen un problema de vivienda, lo tiene Córdoba o Madrid. Por eso suben los precios en Córdoba o Madrid. Más aún, si los costes de la construcción (especialmente materiales) los impulsan. Y el problema de acceso se produce porque hay 3 millones de parados, el paro juvenil es del 30% (1 millón de menores de 30 años), los salarios de inicio son de menos de 2.000 euros mensuales y los bancos exigen un 20% de entrada y unos tipos del 3,5%. El problema de la vivienda es, pues, un problema de planificación coordinada entre las administraciones (en la que tienen mucho que decir los ayuntamientos), de costes de la construcción y, sobre todo, de empleo y salarios de los jóvenes. Bastaría con que bajáramos el paro a los niveles europeos, que el Gobierno avalara a los jóvenes y familias vulnerables y que innovara con la vivienda protegida, para que el problema de la vivienda se encauzara en un plazo razonable. Y digo razonable porque para finales de mayo es imposible... y, para las generales, sería un milagro.

* Profesor de Economía. Universidad Loyola Andalucía

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