Riesgos y oportunidades

Finalmente, el PSOE y Junts per Catalunya firmaron un acuerdo. El texto tiene cuatro partes de muy distinta naturaleza. Una descripción de los antecedentes de su firma que asume básicamente el relato defendido por los independentistas sobre los hechos acaecidos en Cataluña entre 2014 y la actualidad, aunque se remonta también a la sentencia del Estatut del año 2010 e incluso a los decretos de Nueva Planta. Curiosamente, el texto --que es un acuerdo entre partidos y no una norma legal-- elude otros hechos históricos en los que han sellado acuerdos, como por ejemplo la Constitución y el Estatut de 1931 o la Constitución de 1978 y el Estatut de 1980. No hacía ninguna falta una referencia histórica, pero si se hace, no debería ser tan sesgada.

Algo similar ocurre en la descripción que se hace de lo ocurrido en torno a la consulta del 9-N, de la que ayer se cumplían 9 años, y de las votaciones del 1-O, ese pretendido e ilegal referéndum, con múltiples referencias a las demandas desatendidas, pero ninguna a las reglas transgredidas como presunta respuesta a la pretendida incomprensión.

En segundo lugar, ambos partidos acuerdan una metodología de negociación, se entiende que entre ellos y no entre instituciones, con un mediador internacional y que debe abordar algunos asuntos en los que las posiciones se describen como irreconciliables, fundamentalmente sobre el reconocimiento nacional de Cataluña, el derecho a la autodeterminación y la financiación autonómica (es curioso pedir una mejor financiación de un Estado del que pretendidamente se quieren marchar). Este segundo bloque es simplemente la descripción de los desacuerdos y de la voluntad de abordarlos de una determinada manera. Nada más.

En tercer lugar, el texto incluye la transacción, legítima pero transacción: tramitación de una ley de amnistía y votación a favor de la investidura de Pedro Sánchez. De la amnistía seguimos sin saber la concreción. Se apunta un marco temporal, entre 2014 y 2017, así como los preparativos y las causas judiciales derivadas. Lo más inaceptable para cualquier demócrata es la alusión al concepto de ‘lawfare’ (judicialización de la política, persecución judicial basada en intereses espurios y no en el imperio de la ley) que se remite al resultado de las comisiones de investigación que se pongan en marcha en el Congreso y que, se sobreentiende, podrían dar lugar a modificaciones posteriores de la ley que aún no se ha presentado.

Y la coda del acuerdo es una indeterminada participación de Cataluña en la UE y en organismos internacionales y una oda a la estabilidad de la legislatura. Los riesgos con este documento para el PSOE son evidentes: acepta el relato independentista que muchas de sus bases, también en Cataluña, no comparten en absoluto. Los riesgos para la democracia española no se podrán evaluar hasta conocer el texto de la ley de amnistía. Obviamente, si allí aparece este mismo relato de los hechos o se alude a conceptos como ‘lawfare’, el resultado será difícil de encajar en el marco constitucional, como advierten todas las asociaciones profesionales de los jueces. Y si eso es así, el acuerdo no ayudará en nada a superar el conflicto como se afirma.