Una urgencia democrática

En un Estado de Derecho lo primordial es cumplir la ley y si es necesario convenir las modificaciones

Hoy, en la plenitud de los funerales británicos y como los anacoretas que encaramados en su columna predicaban en el desierto, vamos a afrontar el problema que afecta al nombramiento de los miembros que gobiernan el poder judicial. Una cuestión que se empeora cada día que pasa sin cumplir el precepto constitucional --así viene sucediendo desde hace tres años largos-- y que terminará maltratando al sistema de libertades democráticas que nos dimos en 1978, porque en un Estado de Derecho lo primordial es cumplir la ley y, luego, si resulta necesario y posible, convenir las modificaciones que necesite. Situación grave que no es percibida por la mayoría de la buena gente, preocupada por la subida diaria del precio de la electricidad y del aceite y que, en consecuencia, pasa de los problemas judiciales, aunque sean espinosos.

Después de 40 años haciendo lo contrario, el deseo del PP actual es que los jueces nombren a los componentes de dicho Consejo. Una posibilidad que, en principio, puede considerarse razonable pero, para llevarla a cabo, se precisa mucho tiempo pues es necesario consensuar el contenido de la ley que establezca el nuevo sistema --cosa harto difícil en el presente-- y conseguir su imprescindible aprobación por las Cortes.

Esa nueva norma, según nuestro modesto criterio, debería modificar sustancialmente la manera de opositar para ser juez; reorganizar el funcionamiento de la judicatura separándola de los enjuiciamientos penales, que deben ser propias de la fiscalía; y, ante todo --fundamental--, suprimir las asociaciones de jueces que se desenvuelven, aunque estrictamente no lo sean, al compás de los partidos políticos. Esto último ha llegado al extremo de que, en una mesa de opiniones televisadas sobre el asunto penal andaluz de los ERE, el portavoz de un periódico digital madrileño, basándose en la adscripción ideológica de los magistrados que iban a decidir, presagió dos meses antes cómo resultaría la votación de la sentencia. Y lo terrible, lo demoledor --sí, terrible y demoledor, además de significativo-- es que acertó

Para no ulcerar la herida del sistema, e ir curando su evidente gravedad, es una premisa indispensable cumplir a rajatabla los plazos establecidos por la Constitución y, sin nuevas dilaciones, renovar el órgano de gobierno de los jueces antes de que finalice la legislatura. Si, a nuestro pequeño entender, sus componentes actuales --10 propuestos por el PP, 7 por el PSOE, 1 por IU, 1 por CyU y otro por PNV-- se hubiesen marchado al concluir el tiempo del mandato establecido en la Carta Magna, en vez de seguir actuando «en funciones», ahora, otro gallo cantaría.

La puesta en marcha del nuevo Consejo es, además de necesaria, urgente, muy urgente porque, de no producirse la renovación en esta legislatura, nos introduciríamos en un laberinto de difícil salida si, en las próximas elecciones generales, hay un probable cambio de gobierno. Entonces, la nueva oposición podría pedir, amparada por la pura lógica, que el número de sus propuestas al Congreso y al Senado fuese el mismo que le correspondería en la actualidad y que ha sido obstruido metódicamente, usando variados subterfugios para justificar lo injustificable: es decir, el incumplimiento de la Constitución.

Por último, como complemento a esta reflexión, debemos añadir, aunque mal de muchos sea consuelo de tontos, que la politización de la justicia no es un exclusivo problema español, pues se ha generalizado en Occidente, afectando incluso a democracias sólidas y seculares como la de los USA que el juez francés Alexis de Tocqueville --lo escribió en su inolvidable libro ‘La democracia en América’--, ponía como ejemplo a imitar. Pues bien, actualmente, en Norteamérica todos los miembros del Tribunal Supremo, son designados por el presidente de la nación, siguiendo su personal juicio, y el cargo de Fiscal General siempre coincide con la persona que dirige el Departamento de Justicia, nombre que corresponde en España al Ministerio de Justicia. De hacerse aquí los nombramientos de dicha forma, el griterío de la oposición se oiría en Pekín.