Partiendo de que el Artículo 22-3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sitúa a las personas con enfermedad mental como titulares de un derecho fundamental a un tratamiento específico acorde a sus patologías. El Foro Andaluz de Bienestar Mental entiende que las políticas de salud mental deberían de tener tres ejes fundamentales:
1º Fomentando e incentivando los programas de apoyo gestionados por Faisem (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental).
De acuerdo con el método de abordaje de las anomalías y trastornos mentales, bio-psico-social, corresponde a la última fase del tratamiento y atañe a los aspectos de recursos habitacionales (casas hogar, viviendas supervisadas, etc.…) así como ocupación laboral (acceso al empleo, centros de día, etc.…). Estos servicios los venían prestando Faisem de manera excepcional. Esta atención no puede medirse con criterios mercantilistas ni de rentabilidad. La prestación de este servicio es “por concepto” deficitaria para el Estado y se sufraga con los impuestos. Además, hay una diferencia de estas atenciones en salud mental con otros servicios, como las Residencias de Mayores o Centros de Personas con Discapacidad donde existe una solvente y mayoritaria oferta privada. También resulta necesaria la ampliación de plazas residenciales concertadas para personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, así como la adecuación del coste plaza pagado por la Junta de Andalucía al coste real soportado por las entidades.
2.- Alcanzar una implantación efectiva de los ETIC (Equipos de Atención Intensiva en la Comunidad) y delimitación de sus funciones.
La enfermedad mental presenta una particularidad que la distingue de cualesquiera otras esto es, hay una parte de los pacientes que, “no acuden voluntariamente a los dispositivos y recursos sanitarios (Centros de Salud, Equipos de Salud Mental). Así el Artículo 20 de la Ley General de Sanidad hace hincapié en la atención domiciliaria. “La atención a domicilio” y, en su caso, en la calle para los que carecen de él, es crucial para que esta importante parte de pacientes mentales reciban asistencia.
Los servicios de salud mental se resisten a salir en busca del paciente que no quiere ser tratado, dejándole a su suerte. Muchos acaban en el Juzgado de Guardia y más pronto que tarde, en prisión. Los ETIC están llamados a atender y cubrir todas los avisos y emergencias que se produzcan respecto de este colectivo de pacientes, ya sea a requerimiento de familiares, vecinos, ciudadanos, Fuerzas de Seguridad, etc…
3.- Ampliando las competencias del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía) a los ámbitos del trastorno mental y discapacidad psíquica.
Existe una abrumadora presencia de personas con trastorno mental y discapacidad psíquica en los Juzgados de Guardia en calidad de detenidos, así como en los Centros Penitenciarios.
Si se estableciera en el Juzgado de Guardia un dispositivo de competencias similares al SAVA para que se ocupe de atender, tramitar y derivar las cuestiones de índole “social o prestacional” de las Personas con Discapacidad presentes en el Juzgado de Guardia, ya fuera en calidad de víctimas como de detenidos, evitaríamos que muchos de estas personas, acaben en los Centros Penitenciarios.
