El Gobierno afirmó ayer que no ve «difícil» anular el nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), cuya constitución aprobó el Ministerio del Trabajo, mientras que sus promotoras han pedido la dimisión «en bloque» del ejecutivo, que no les permitirá sindicarse. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, subrayó que el Ejecutivo «no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo».
«La Abogacía del Estado se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cuestión. No parece difícil. Hay varias vías, una de ellas parece la más rápida, y a esa iremos», aseveró la ministra, que detalló que la vía rápida será «la nulidad de pleno derecho para revocar» el sindicato. Preguntada por la intención del Ejecutivo de promover la abolición de la prostitución, Celaá recordó que «efectivamente se trata de una actividad no regulada en España», pero matizó que el Gobierno no ha tratado este asunto en su reunión, por lo que consideró que sería «una ligereza» pronunciarse.
El pasado 4 de agosto, el BOE publicó la constitución del sindicato después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos legales. El jueves, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que le habían «colado un gol por la escuadra» y que «desconocía por completo» que su ministerio había dado el visto bueno al sindicato.
La secretaria general de Otras, Concha Borrell, dijo ayer en una multitudinaria comparecencia de prensa en Barcelona que el Gobierno de Pedro Sánchez debería «dimitir en bloque» por rechazar a su sindicato y «por no entender que es un trabajo». Borrell defendió que la prostitución «no es ilegal; bien que se reparten licencias para abrir clubes de alterne», por lo que le parece «increíble» la postura del Gobierno.
«Es posible que algunas personas con una posición acomodada en el Gobierno enmascaren, tras la intocable tela del feminismo blanco heterosexual y burgués, que demandar derechos para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad. Para nosotras, sin embargo, es de plena justicia», dijo Borrell. «El abolicionismo esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadoras sexuales por parte de algunas privilegiadas», añadió la trabajadora sexual.
Ser contratadas, tener baja por enfermedad o maternidad, un sueldo fijo, vacaciones o una jubilación, entre otros derechos, es algo «absolutamente impensable» para este colectivo, denunció Sabrina Sánchez, otra de las impulsoras del sindicato.
UGT, por su parte, defendió ayer la lucha contra la trata de seres humanos con cualquier finalidad y, en el caso concreto de la prostitución, instó al Gobierno a la abolición de la misma y a la penalización de su demanda. «La prostitución es explotación».
