El Estado español tendrá que hacer frente a una multa millonaria por incumplir durante décadas la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado por segunda vez a España y ha sentenciado que deberá abonar una multa de 12 millones de euros a los que se sumará una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre que se retrase en aplicar correctamente la directiva. La normativa afectada por el incumplimiento, que data del año 1991 y tiene como objetivo proteger el medio ambiente del deterioro causado por el vertido de aguas residuales domésticas e industriales, establece que los Estados miembros deben velar porque todas las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes se dotan de sistemas colectores de aguas residuales urbanas a más tardar para el 1 de diciembre del año 2000. Además, antes de ser vertidas esas aguas debían ser objeto de tratamiento. e aguas residuales. Al finalizar el plazo fijado por la Comisión por una primera sentencia (el 31 de julio de 2013) 17 de las 43 aglomeraciones cuestionadas -situadas en Andalucía, Asturias, Galicia, Comunidad valenciada y Canarias- seguían sin disponer de sistemas colectores y tratamiento de aguas residuales. La corte europea considera que se trata de un incumplimiento grave. Y advierten que pese a los esfuerzos realizados por las autoridades para reducir el número de aglomeraciones que vulneran las reglas -el número de ha reducido a 9- el carácter prolongado de la infracción constituye una «circunstancia agravante». La sentencia recoge que la plena ejecución de la misma no se producirá antes de 2019 lo que equivale a un retraso de 18 años sobre el plazo fijado en la directiva. Solo tres de las nueve aglomeraciones, Nerja, Alhauín el Grande y Coín, podrán cumplir este año con la directiva. Otras dos, Isla Cristina y Gijón Este, a finales de 2019, y Matalascañas y Valle de Güimar para finales de 2020. La aglomeración más retrasada es la de Barbate, que no estará en orden hasta 2022, mientras que el fallo no admite que la situación de Tarifa esté resuelta. largo del tiempo.
