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Las medidas del Consejo de Ministros

El Gobierno ordena exhumar a Franco sin garantías de lograrlo

La Moncloa descarta que los frailes de la abadía puedan impedir el paso a los albañiles. Un recurso de la familia ante el Tribunal Supremo retrasaría la salida de los restos del dictador

 

Valle de los Caídos. - MERITXELL BATET (EFE)

Los ministros siguen la intervención de Sánchez en la Moncloa. - MERITXELL BATET (EFE)

Ciento setenta y cinco días después de publicar el real decreto-ley que puso en marcha el proceso, el Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo motivado dando por concluido el trámite administrativo y ordenando la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El acuerdo da a la familia un plazo de 15 días para que señale un lugar de reinhumación que no podrá ser la cripta de la catedral madrileña de La Almudena.

El Gobierno se reserva la decisión del nuevo lugar de enterramiento de los restos del general si la familia no contesta en el plazo que le han dado. En el actual acuerdo no figura un lugar de destino para Franco. Pasados 15 días sin respuesta, el Ejecutivo debería reunirse en consejo otra vez para emitir un acuerdo final de traslado de los restos, ya mencionando un emplazamiento al que enviar el féretro desde el risco escurialense de Cuelgamuros.

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, presentó la decisión como una «responsabilidad histórica de este Ejecutivo» y como una «deuda con la historia». Pero es probable que al actual gabinete no le dé tiempo a saldarla. El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, confirma a este diario: «Vamos a recurrir este y cualquier otro acto de ejecución ulterior».

SUSPENSIÓN CAUTELAR / Las leyes en materia de procedimiento contencioso administrativo dan dos meses al abogado para presentar su recurso ante el Tribunal Supremo (dado que es un acuerdo del Consejo de Ministros), pero el letrado podría no agotar el plazo. El alto tribunal podría estar decidiendo la admisión a trámite del recurso, o incluso de una petición de suspensión cautelar, en plena campaña electoral de las generales.

El acuerdo del Gobierno «es definitivo y ejecutivo», comentaron fuentes de Moncloa para indicar que la exhumación podría llevarse a cabo en dos semanas, aun sin esperar al recurso judicial de la familia. La ministra no quiso hacer «justicia ficción» con la respuesta de la familia Franco. Dijo que a día de hoy «no podemos determinar si entra o no el Supremo a admitir el recurso». Y explicó que la presentación de un recurso por la familia del dictador «no tiene efectos suspensivos», salvo si así lo decide expresamente el alto tribunal.

Pero si el Ejecutivo quisiera aprovechar algún hueco temporal entre acuerdo y recurso para mover a Franco, los nietos interpondrían denuncia por prevaricación, advierte su abogado.

La ministra Delgado basó la decisión gubernamental de vetar a la catedral de La Almudena, donde la familia Franco posee sepulturas a perpetuidad, en la necesidad de «no convertir un lugar público en un lugar de exaltación del dictador».

Durante la fase de adquisición de licencias de obra municipales y permisos funerarios autonómicos, el Ministerio de Justicia manejó un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre las razones de seguridad y de orden público que impiden llevar los restos de Franco al templo de granito que abre sus puertas enfrente del Palacio Real de Madrid. La familia Franco no considera legalmente motivado ese informe.

Cuidándose esta vez de nuevas complicaciones, y ya concluida la fase administrativa, el Ejecutivo restringe la posibilidad de personarse como «parte interesada» solo a los nietos del dictador. O sea, no a los frailes ni a fundaciones o entidades franquistas.

Los albañiles sí pasarán / El Gobierno considera, de hecho, que podrá actuar en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos pese a la oposición de la comunidad de frailes benedictinos encargados de su custodia, a los que encabeza el prior exfalangista Santiago Cantera.

Desde el Ejecutivo no ven posible que los monjes puedan impedir la entrada a los cuatro albañiles que fuentes de Patrimonio Nacional prevén necesarios, como adelantó este diario, para realizar la exhumación: «La actividad de culto de un lugar no impide en él la acción de la autoridad civil», explicó la ministra, reiterándolo un par de veces durante su comparecencia.

Dolores Delgado calificó de «verdadero obstáculo» las demandas y recusaciones (hasta 14) presentadas por las partes interesadas, –todas ellas orbitando a la familia Franco– pero las consideró «normales en este proceso».

La ministra cree que este proceso administrativo para la exhumación del dictador es «una cuestión de memoria democrática», que mana de «una decisión de Estado», y que ha necesitado de la «escrupulosidad del procedimiento».

   
1 Comentario
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Por joaquin lora 8:17 - 16.02.2019

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