El consejo de administración de Rabanales 21 ha decidido finalmente acogerse al concurso de acreedores y cumplir así con el mandato que había realizado previamente la junta general de accionistas. Los consejeros, que se han reunido a media mañana de manera virtual durante más de tres horas, no han tenido más remedio que respaldar la propuesta que realizaron, de manera unánime, el pasado viernes 13 de marzo los accionistas a petición de la Junta, principal acreedora de la sociedad a través de la Agencia Idea y del Soprea.
Tras el consejo de administración, la Junta ha asegurado a este periódico que el concurso de acreedores no impide el desarrollo de la actividad normal en el parque tecnológico y que responde a "criterios de cumplimiento de la legalidad vigente en materia económica y mercantil". Además, y según fuentes de esta administración, el concurso permite buscar fórmulas para garantizar la viabilidad de la sociedad y su gestión con "criterios de eficacia y sostenibilidad económica". La Junta garantiza que seguirá trabajando por la consolidación de este espacio tecnológico. Estas fuentes recuerdan que la junta general de accionistas tomó la decisión de acudir al concurso de manera unánime y que medidas adoptadas en el pasado como el plan de viabilidad del 2017 y la ampliación de capital no han dado frutos.
Por tercera vez
Es la tercera vez que la sociedad llega a este punto, aunque durante las dos ocasiones anteriores se declaró en preconcurso y salió de él con planes de viabilidad. Rabanales 21 mantiene deudas por préstamos participativos concedidos por la Junta, a través de Idea y Soprea, y por la UCO. En total, son más de 13 los millones que adeuda a ambas, con intereses incluidos, de los que más de 11 debe a la Agencia Idea, casi un millón al Soprea y otro tanto a la UCO. De esa cantidad total, más de 8 millones han vencido. Además, Rabanales 21 debe dinero al Ministerio de Economía (Mineco), aunque está al día de los pagos (excepto de los que ha pedido aplazamiento).
Fórmulas propuestas en el plan de viabilidad aprobado en el 2017, como la dación en pago con solares, la permuta de terrenos, el cambio de usos de parcelas, o, posteriormente, la capitalización de deuda, es decir, la conversión de las cantidades que debe en acciones, que se han estado debatiendo durante bastante tiempo, no han prosperado al considerar los socios que no resuelven los problemas de Rabanales 21. Tras la crisis que sufrió en el 2017, la sociedad tuvo que recurrir a una ampliación de capital y a un plan de viabilidad, que no han impedido que vuelva a tener de nuevo complicaciones económicas por la deuda que arrastra.
Respecto a las fórmulas propuestas hasta ahora, en las que es primordial la participación de la Junta, como la capitalización de la deuda, las fuentes de esta administración consultadas indican que no se puede llevar a cabo porque vulnera la normativa comunitaria en materias de ayudas al Estado. En cuanto a una ampliación de capital -que ya se debatió en la junta general de accionistas y no salió adelante-, estas fuentes señalan que, al igual que ocurrió en el 2017, tendrían que concurrir todos los socios, ya que, de lo contrario, también se vulneraría la normativa comunitaria. Por último, y respecto a la dación en pago con solares, estas fuentes aseguran que hace falta una tasación homologada (hay que recordar que hay dos, una encargada por Rabanales 21 y otra por la Agencia Idea y no coinciden) y la Agencia Idea no puede proceder a la misma.
Una decisión adoptada por mayoría
La decisión de acudir al concurso de acreedores ha sido adoptada por mayoría -el presidente del parque, Manuel Pineda, es el único que se ha opuesto a la misma, quedándose solo en la votación- y tiene como fin "ordenar la situación financiera" de la entidad que gestiona el parque tecnológico "y darle viabilidad", según explica Rabanales 21 en una nota. La sociedad asegura que la medida "pretende solventar las dificultades financieras derivadas del pago de la deuda que arrastra desde hace años" y "dotarla así de estabilidad a largo plazo". Rabanales 21 recuerda que aunque sus acreedores son la Junta, el Ministerio de Economía (Mineco) y la UCO, la deuda vencida es la correspondiente a la primera administración.
En el consejo se han puesto de manifiesto las discrepancias existentes sobre la idoneidad de llevar a cabo el concurso durante la crisis sanitaria por el coronavirus, pero, según Rabanales 21, "todos los consejeros han manifestado su predisposición a trabajar para que el parque sea un proyecto más fuerte y vertebral para la economía de su entorno".
El presidente del consejo de administración, Manuel Pineda, que intentó parar la votación sin lograrlo, piensa que un concurso "agravará la situación económica de Rabanales 21 y eso sí que es responsabilidad de los administradores". Según explica Rabanales 21, con el decreto vigente sobre el estado de alarma, "el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no estará obligado a solicitar la declaración de concurso y no se admitirán a trámite concursos necesarios". Esto hará que se alargue la llegada de una posible solución para Rabanales 21.
Pineda argumenta que "es una temeridad" el concurso y considera que "lo más responsable es posponer la adopción de acuerdos", y volver a analizar las alternativas presentadas "y dar oportunidades a los socios que lo solicitaron para que nos digan qué información requieren".
Mensaje de tranquilidad a las empresas
Pineda envía un mensaje de tranquilidad a las empresas ubicadas en el parque, a las que garantiza que "esta situación no va a afectar a su día a día". Pineda asegura que "en los próximos meses Rabanales 21 continuará su actividad, centrado en facilitar acciones de dinamización y encuentros empresariales para fortalecer nuestro tejido productivo y en potenciar la interacción entre los agentes del conocimiento y las empresas y emprendedores".
Tirón de orejas a la Junta de Grupo Cinco y UCO
Entre los consejeros, Grupo Cinco (Diputación) ha justificado su voto a favor del concurso, según explica Rabanales 21, por "la situación en la que quedó Rabanales 21 tras recibir la negativa de la Junta de Andalucía para el aplazamiento del pago de la deuda vencida, derivada de los préstamos participativos, lo que implícitamente impide continuar con las líneas de trabajo iniciadas por la sociedad, bien para saldarla a través de una dación en pago con suelo o bien para reestructurarla a más largo plazo". La sociedad que gestiona el parque indica que Grupo Cinco "no comprende que en una situación de caos generalizado en la economía", la Junta "no acceda a conceder las esperas solicitadas, avocando al consejo de administración a presentar un concurso de acreedores". Al mismo tiempo, espera que se trabaje a partir de ahora en un nuevo plan que dé viabilidad a la sociedad.
Por último, la UCO, y según indica Rabanales 21, "insta encarecidamente a los socios a que, hasta el momento en el que se presente el concurso, hagan todo lo posible para enervar la mencionada situación de insolvencia provocada por la negativa de la Junta de Andalucía a otorgar una espera, como sí ha hecho la Universidad, mostrando así su firme compromiso con el parque y, por extensión, con la sociedad cordobesa".
