La oficina municipal de la vivienda del Ayuntamiento de Córdoba logró a lo largo del año pasado el aplazamiento de 84 desahucios. Además, a este órgano instaurado durante el anterior mandato, llegaron 222 casos derivados de los servicios sociales comunitarios. A estos se sumaron 247 expedientes coordinados entre la oficina y los servicios sociales comunitarios. Además, la oficina realizó 150 informes solicitados por los juzgados. Estos datos han sido facilitados hoy, lunes, por la delegada municipal de Servicios Sociales, Eva Timoteo, que ha garantizado y ha insistido una y otra vez en que esta oficina municipal no va a desaparecer y que va a seguir prestando servicio, aunque dentro del área de Servicios Sociales y con cambios, como que la gestión directa con las entidades que ceden pisos sociales, como Sareb, Cajasur y Caixabank, la llevará a cabo Vimcorsa, así como el reparto de las ayudas a la vivienda. A su juicio, la oficina "realiza funciones útiles y necesarias para la ciudad". Por ello, cuando una persona tenga problemas por el impago de su vivienda "va a tener a la delegación de Servicios Sociales para acompañarla y respaldarla", ha manifestado.

Entre las carencias que ha subrayado Timoteo dentro de la oficina están la falta de un jefe de unidad desde diciembre del 2016. Además, carece de técnico de administración general, que ya ha solicitado a Recursos Humanos. Según la concejala, la oficina solo cuenta con dos trabajadoras sociales y con un auxiliar administrativo. El hecho de que la gestión directa con los bancos que ceden viviendas sociales la lleve Vimcorsa se debe, según señala, a que las trabajadoras sociales de la oficina "no están capacitadas para llevar a cabo el asesoramiento jurídico".

En cuanto al presupuesto, Timoteo ha recordado que el del 2019 contemplaba 177.000 euros para la oficina de la vivienda, aunque, según ha precisado, la realidad es que "solo disponía de 5.000", ya que el resto era para el convenio con la Fundación Rais, destinado a paliar el sinhogarismo. En cuanto al presupuesto del 2020, la delegada ha explicado que la oficina carece del mismo porque no debe tenerlo al estar integrada dentro de Servicios Sociales.