La situación de las parcelaciones ilegales es tan compleja que cada vez que surge una normativa nueva afloran múltiples interpretaciones. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, órgano que junto a la Federación Al-Zahara, los consejos de distrito y colectivos de parcelistas conforman la comisión de periferia, tras analizar el decreto ha realizado algunas advertencias, entre ellas, que se produce “un retroceso” para las parcelaciones que están en vías de regularización en la dotación de servicios, que, precisamente son las que esta mañana ha incluido el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, entre las que entran dentro del ámbito de esta nueva normativa.

La clave de los que define como una "marcha atrás en el adelantamiento de servicios" está en dos puntos. Por un lado, y dentro de los planes especiales que contempla como novedad el decreto, el artículo 11.2 señala que en los ámbitos “de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable que cuenten con ordenación detallada aprobada definitivamente no se podrán formular los planes especiales”. Por otro, que entre la normativa que deroga el decreto está la reforma de la LOUA que aprobó el Parlamento hace más de un año para adelantar servicios a las parcelaciones con plan parcial aprobado, sin necesidad de llegar al final del largo proceso de legalización. De esa reforma se podían beneficiar una veintena de núcleos con plan parcial que están en suelo urbano y urbanizable.

¿En qué se traduce todo? Juan Andrés de Gracia explica que “el adelanto de servicios” logrado en el 2018 “queda suprimido” para las peticiones colectivas y limitado a la solicitud del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) de manera individual. De esta forma, añade, los “dos o tres colectivos” que tenían en marcha el proceso para lograr los servicios básicos “se quedan sin esa posibilidad” y deben continuar con la regularización y con los proyectos de reparcelación y urbanización, que tan difícil son de lograr. En esa situación calcula que puede haber entre 20 y 30 parcelaciones, incluidas en los “siete PAUs públicos”, que no podrán acogerse a los planes especiales y solo podrán optar al AFO de forma individual para adelantar servicios. Sus estimaciones son que “el 80% del suelo urbano y urbanizable tiene plan parcial”, por lo que, al no poder acogerse a los planes especiales, serán "centenares" y “no miles” las casas que puedan beneficiarse del decreto. En relación al AFO, y según indica, queda claro también que la dotación de servicios "solo será posible si la red pasa al lado" de la vivienda, ya que “hacer la red será imposible”.

En relación al suelo no urbanizable, recuerda que el decreto sigue dejando fuera a las parcelaciones que están en zona protegida como las del entorno de Medina Azahara, la Sierra, y las que están en espacio inundable. En zona protegida la excepción puede ser la Vega si se justifica. De Gracia piensa que se puede dar la circunstancia de que viviendas que están en suelo no urbanizable logren, vía AFO, tener servicios “adelantándose a las de suelo urbanizable”.

Otro de los inconvenientes que ve es que los planes especiales a los que podrán acogerse los que carezcan de planes parciales necesitarán "evaluación ambiental y de salud". A esto se suma “la contradicción” de que Urbanismo podrá exigir obras al propietario "antes de ser AFO", por lo que "a algo no legal le pueden obligar a hacer obras".

Todo esto le lleva a concluir que “viene a empeorar” la situación de Córdoba, donde el decreto “será poco útil”. Por ello, piensa que la solución debe ser la “agilización del proceso de legalización”. También demandará a Urbanismo realizar una innovación de PGOU para incorporarle asentamientos del inventario del 2014.

El presidente de Alamiriya, que engloba a parcelaciones en vías de regularización, Manuel Sánchez, asegura que al quedarse “fuera” estos núcleos “solo nos queda seguir avanzando y confiar en que la Gerencia de Urbanismo dinamice y se acorten los plazos, se abaraten los costes del desarrollo que nos quedan y cuenten con nosotros para incluir en la próxima ley los puntos que entendemos se tienen que incluir”. Alamiriya ha pedido una reunión con Urbanismo para “transmitir nuestras ideas y brindarnos para colaborar en el asesoramiento de los propietarios de las urbanizaciones pendientes de regularizar”.