Las parcelaciones regularizables con plan parcial aprobado ya tienen el camino despejado para adelantar los servicios básicos sin culminar su legalización. El Pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad, y con 108 votos, la proposición de ley que modifica el cambio de la LOUA que se hizo en el 2016. La medida, que entrará en vigor con su publicación en el BOJA, ha sido respaldada por todos los grupos, hecho que ocurre por primera vez en relación a las parcelaciones. También es la primera vez que se realiza una modificación con efectos directos en Córdoba. El punto de partida fue una propuesta de Urbanismo para dar respuesta a las demandas vecinales (canalizadas a través del Consejo del Movimiento Ciudadano -CMC- y su comisión de periferia), que la Junta no aceptó. Después, la Junta hizo su propia propuesta, que es la que ha salido adelante incorporando aportaciones de IU. El documento fue firmado por todos los grupos, que ayer admitieron que aún hacen falta más medidas. Al Pleno acudió una delegación cordobesa, con representantes del Ayuntamiento y de los consejos de distrito.
La parlamentaria de IU Elena Cortés abrió el turno de intervenciones admitiendo que «no es la modificación que deseaba IU» (al no haberse aceptado la totalidad de su propuesta) y que en su grupo están «moderadamente satisfechos». Cortés avisó de que «no va a ser un camino que los vecinos recorran en unas horas». Marta Escrivá (Ciudadanos) lamentó que la modificación sea «un nuevo parche» porque «deja familias atrás» y pidió que la nueva ley que prepara la Junta «aprenda de los errores de la LOUA». También calificó de «parche» el cambio, respaldado por «sentido de la responsabilidad», Aránzazu Martín (PP) al dejar fuera «miles de viviendas» y no solucionar «la raíz del problema». El consenso logrado fue alabado por Mercedes Barranco (Podemos), que reclamó «reformas valientes» para evitar «parche tras parche más modificaciones de la LOUA». Julio Millán (PSOE) cerró las intervenciones defendiendo que el paso dado «no es un parche», sino «una solución para muchos vecinos» y especialmente «para el municipio de Córdoba», que estuvo presente en las palabras de todos.
La alcaldesa, Isabel Ambrosio, explicó a este periódico que habrá coordinación con los consejos de distrito a través del CMC y dentro de la mesa de trabajo en la que participan Emacsa y Urbanismo. Ahí se verá qué infraestructuras «están realizadas y que con una intervención menor podrían dar suministro de agua a un número de parcelaciones importante» y «en cuáles tenemos que acometer inversiones y obras de mayor calado para que les llegue en el menor plazo de tiempo». Aunque no hay un horizonte temporal definido, porque cada caso es distinto, el primer compromiso es una reunión a primeros de mayo con el consejo de distrito de El Higuerón «y ahí podremos tener una hoja de ruta con fechas ya diseñadas». Después, le tocará el turno a Villarrubia, Alcolea y Trassierra. Ambrosio asegura que Emacsa tiene identificadas las infraestructuras con las que «se pueden prestar servicios casi de manera inmediata, con acometidas de corto recorrido, desde la canalización más cercana hasta la entrada a la vivienda», y «qué otros elementos tendríamos que asumir fruto del convenio que tendremos que hacer con los vecinos». Emacsa recuperará esa inversión a través de los recibos. Según la alcaldesa, «hay una gran parte de las actuaciones que necesitan una inversión potente que están prácticamente hechas y cerca y otras que hay que empezar a acometer desde el inicio», por lo que «hay parcelaciones que van a tener más rápidos los servicios que otras». Además, los trabajos se harán «con miras de futuro», con la idea de una actualización del PGOU que incluya cambios en la protección del suelo de la Vega.
El presidente de Urbanismo, Pedro García, avanzó que ya hay una hoja de ruta y que tiene lista la instrucción «donde queda claro lo que tiene que hacer cada propietario para tener suministros». A partir de ahí, añadió, «no va a haber problema para que poco a poco se vayan resolviendo los suministros básicos».
