La juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Córdoba, Lorena Cañete, en funciones de guardia, dictó ayer el auto de libertad provisional para el dueño de la agencia de viajes Wiajera, acusado de un presunto delito de estafa por haber cobrado a sus clientes el importe de una serie de billetes que finalmente no adquirió. La juez ha decretado la libertad provisional pero le ha retirado el pasaporte y le prohibe la salida del territorio nacional. Asimismo, le impone la obligación de comparecer en los juzgados los días 6 y 20 de cada mes. El acusado fue detenido en la mañana del martes y puesto a disposición judicial durante la mañana de ayer.

Las medidas adoptadas eran las que había solicitado la Fiscalía, pero el abogado que representa a los clientes, Mario Garrido, pedía también que le fuera impuesta una fianza de 10.000 euros, atendiendo al perjuicio causado. Sin embargo, esta petición no ha sido considerada necesaria por la magistrada, que tomó ayer declaración al acusado y que también decidió inhibirse del caso para que sea asumido por el Juzgado de Instrucción número 7, «que es el que conoce la causa».

Según se recoge en los razonamientos jurídicos del auto dictado ayer y al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, el detenido fue puesto a disposición judicial por «un presunto delito de estafa, al haber recibido cantidades por importe de 69.906 euros de clientes de la agencia de viajes de la que es administrador», junto con otro socio que fue también interrogado y puesto en libertad sin llegar a ser detenido. Sigue el auto señalando que tales cantidades eran «para el pago de billetes de avión, sin que haya destinado el dinero recibido a la compra de billetes, con el consiguiente perjuicio económico a un número elevado de afectados, personas vulnerables y con escasos recursos, y sabiendo a ciencia cierta que tales vuelos no se efectuarían, al dar de baja la sociedad en octubre de este año». Según los datos que maneja la juez, los afectados son 60.

El abogado del detenido, José Luis Uceda, señaló ayer que la detención de su defendido «fue excesiva, porque el caso ya estaba judicializado», puesto que existían querellas contra él de las que se tenía conocimiento en el juzgado. Añade Uceda que se trata de «un asunto civil, de un negocio que ha quebrado y que se está buscando la forma de resarcir a las personas afectadas, que ni son tantas como se ha dicho ni tanto el dinero».