El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha denunciado hoy los problemas que han provocado durante los últimos cuatro años de gobierno municipial los retrasos en la concesión de licencias, “que han frenado proyectos para el sector inmobiliario y otras actividades económicas”. En rueda de prensa junto a la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor), María Dolores Jiménez, y el gerente de esta organización, Francisco Carmona, Díaz hay exigido a los responsables políticos municipales que “tomen iniciativas e impulsen los proyectos”. “Se ha perdido mucho tiempo”, puntualiza, aunque considera en los meses que quedan para las elecciones municipales del 26 de mayo se pueden adoptar medidas que permitan reiniciar los proyectos.

El presidente de los empresarios cordobeses recordó la llamada que le hizo la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, en mayo del pasado año para entregarle el borrador de la ordenanza para el impulso de la ciudad de Córdoba. “A día de hoy no sabemos nada de esta ordenanza”, señaló. En este sentido, rememoró que pocos días después la Gerencia de Urbanismo presentó otro borrador para regular el régimen de obras y actividades mediante licencia de declaración responsable y comunicación previa. “Fue un choque de ordenanzas y aún no se ha aprobado nada”, indicó. “Hoy he consultado al Consejo Social para ver si había entrado por registro esta ordenanza y me han comunicado que no hay nada”, añadió.

El presidente de CECO también hizo referencia a lo que está sucediendo con la licencia para la segunda fase del Palacio de Congresos. “Desde que se pidió el 4 de abril de 2018, aún no se ha otorgado licencia, y eso que tenía el informe favorable de Cultura. Imaginen usted que esto sucede en la relación entre la Junta y el Ayuntamiento y lo que sucede con un particular”, denunció.

En este sentido, la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, recalcó que se están viendo “paralizados” temas “importantísimas” como la infraestructuras y de proyectos. “Cualquier iniciativa empresarial se hace muy difícil con el funcionamiento de la comisión de Urbanismo, con los problemas en el tema del casco histórico y en las zonas inundables recogido en el decreto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, precisó.

María Dolores Jiménez indicó que “2018 fue un año perdido porque no se ha funcionado, no ha habido claridad ni dirección en los proyectos”. “Estamos en época electoral y en mayo tenemos elecciones. Nos podemos poner en septiembre y no nos hemos puesto a funcionar. Los tiempos de los políticos no son los de las empresas”, advirtió la presidenta de Construcor. Incluso, consideró que en “no hay interlocutores ni estructura organizada para que las empresas se pongan a funcionar para crear riqueza y empleo en la ciudad”. Por eso, pidió al gobierno municipal que se busquen soluciones válidas “para que las empresas funcionemos, porque no estamos para perder un año más”.

PARÁLISIS

El análisis del gerente de Construcor, Francisco Carmona, no fue más optimista. “Tenemos multitud de incertidumbres. Un escenario político complicado por convocatorias de elecciones. Una situación derivada de que la mayor parte de las administraciones está en prórroga presupuestaria, lo que limita actuaciones de las empresas en inversiones. Un escenario que apunta a desaceleración”, explicó Carmona, que, no obstante, indicó que hasta mayo, “si existe voluntad y compromiso por los que gobiernan” se puede “crear un grado de estabilidad”. En un amplio análisis de los problemas que padecen las empresas de construcción, apuntó directamente a la gestión y tramitación de licencias por la Gerencia de Urbanismo. “Son absolutamente injustificados los retrasos que se producen, porque todas las administraciones locales han sufrido el rigor de las restricciones presupuestarias y esto ha afectado a todas. En otras ciudades se han solventado y no se acumula un retraso en la concesión de licencias en torno a un año”, matizó. Por eso, recordó las propuestas que han hecho los empresarios para simplificar los procedimientos urbanísticos dentro de la marco de la legalidad. “Teníamos la esperanza de que el borrador de ordenanza reguladora que se presentó en mayo ayudaría a agilizar las licencias. Se sometió a consulta pública, con apreciaciones por nuestra parte, pero desde agosto no sabemos nada de esta ordenanza. Se ha producido el apagón”, añadió Carmona.

El gerente de Construcor recordó también que no se sabe nada tampoco del plan municipal de vivienda y suelo, que es “un documento esencial para ver la política de vivienda social del Ayuntamiento de Córdoba”, además de pedir que se actualice el registro de viviendas protegidas, “que ha quedado obsoleto porque no se ha actualizado”.

También mostró el desconocimiento que existe con la recogida neumática de residuos en el casco histórico. “No sabemos absolutamente nada de este tema. Estamos detectando cierta preocupación que nos trasladan nuestros clientes, que han pagado por una infraestructura y nos encontramos con que estos clientes han pagado por una infraestructura que no están utilizando”, dijo. Además, mostró su preocupación por el coste que tendrá esta recogida automática y el impacto energético. Con respecto a la ordenanza de la inspección técnica de edificios, que calificó de “enormemente importante”, también criticó que no se haya aprobado aún.

DETERIORO DEL VALOR DE VIVIENDAS EN ZONAS INUNDABLES

Otro de los aspectos analizados y criticados por Carmona se refiere a las zonas de flujo preferente decretadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que recoge los espacios que corren riesgo de inundación y las obligaciones que han de cumplir las viviendas o locales para acometer proyectos de reforma u otras nuevas iniciativas. “Es una parte importante de Córdoba, de las zonas de Cañero, Campo de la Verdad y Miraflores”, indicó. En este sentido, mostró su discrepancia por la falta de soluciones por la Gerencia de Urbanismo, mientras que en otros municipios como Écija, puso el ejemplo, se han solventado los problemas. Los empresarios estiman que las viviendas y locales han podido perder un 50% de su valor por esta incertidumbre que se ha generado. Carmona estima que se ven afectadas entre 3.500 y 4.500 viviendas. “Es una suma de incertidumbres, una sobre otra. Córdoba es una ciudad que no está en el mapa de los inversores. Estamos hablando de una ciudad que puede estar languideciendo poco a poco”, concluyó.