La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza, que coordinó la revisión de las ayudas investigadas en el caso ERE encargada por la Junta tras estallar el escándalo judicial, describió ayer una situación de «anarquía» en los expedientes de las mismas, con «muchas anomalías» y un «procedimiento anormal». Mendoza declaró como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 excargos de la Junta. Tras saltar el caso, el Consejo de Gobierno encargó en 2011 a la Cámara de Cuentas una revisión de las ayudas dadas por la Dirección General de Trabajo desde 2001 y según Mendoza analizaron una muestra de 102 expedientes en los que sólo en seis había solicitud, en 46 había algún tipo de protocolo o acuerdo para la concesión y en 50 no existía «ninguna documentación».
Mendoza ha explicado que analizaron las ayudas como subvenciones excepcionales ya que no había norma reguladora, si bien el hecho de que durante diez años se dieran «ayudas reiteradas y permanentes con la misma fórmula» y sin «urgencia» que lo justificara, supone que «tenían que haber sido objeto de una regulación específica». Analizadas como ayudas excepcionales «pedimos lo mínimo», que hubiese solicitud, memoria justificativa y seguimiento de que se emplearon para el fin para el que se dieron, si bien «no respondían absolutamente a ningún criterio», «nunca había justificación de que los fondos habían llegado a su finalidad» y el procedimiento era «tan anormal que era todo confuso». Según Mendoza, al analizar la documentación remitida por Empleo «no sabíamos si todos los expedientes que teníamos eran todas las ayudas que se habían dado porque no había un registro en ningún sitio». No obstante, la muestra analizada cubría el 90% del crédito concedido durante esos diez años, que según sus datos supuso 1.261 millones (incluyendo las pólizas refinanciadas) de los que a 31 de diciembre de 2011 se adeudaban 592 millones a las aseguradoras. A preguntas del fiscal, Mendoza ha subrayado que «no había un marco legal» ni norma reguladora de la concesión de las ayudas y en ninguno de los expedientes analizados se aludía a las órdenes estatales de 1994 y 1995 sobre ayudas excepcionales para trabajadores y empresas afectadas por procesos de reestructuración que esgrimen las defensas de algunos acusados como base legal. La testigo ha ratificado las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas, que según ha dicho no sufrieron modificaciones «sustanciales».
