Desde hoy, la Dirección General de Tráfico dispondrá de más posibilidades de detectar qué conductores pisan el acelerador por encima de los límites de velocidad establecidos en las carreteras cordobesas y tendrá más fácil la imposición de sanciones a esos infractores. Tráfico anunció ayer que va a activar desde hoy, coincidiendo con la puesta en marcha de una nueva campaña de control de la velocidad, 68 nuevos radares fijos en todo el país, de los cuales 32 corresponden a Andalucía y cuatro a carreteras de la provincia de Córdoba, confirmó la Subdelegación del Gobierno.

Los citados nuevos radares se sumarán a los dos que se instalaron a lo largo del 2005, ambos en la A-4, situados en la circunvalación de Córdoba y en la Cuesta del Espino, este último el mayor punto negro de la provincia (lugar en el que se producen a lo largo de un año tres o más accidentes con víctimas). Precisamente, por la peligrosidad de este tramo, uno de los cuatro nuevos radares se ubicará también en la Cuesta del Espino, en el kilómetro 415,2 (dirección Sevilla), mientras que los tres restantes se localizarán en la nueva autovía de Málaga A-45, kilómetro 52,3 (Lucena), dirección Córdoba; en la A-431, kilómetro 29,6 (Posadas), sentido Sevilla, y en la N-432, en el kilómetro 219,5, (Espiel), dirección Badajoz.

EFECTO DISUASORIO Los 68 nuevos radares fijos irán rotando sus posiciones, ya que la DGT ha previsto 175 nuevos puntos de control, con la finalidad de reducir los accidentes causados debido al exceso de velocidad, siniestros responsables de al menos 1.000 muertes cada año. El director general de la DGT, Pere Navarro, señaló que solo una de cada tres nuevas instalaciones tendrá radar, si bien todas estarán señalizadas previamente y se podrán localizar mediante la web de Tráfico, algo que, según Navarro, se explica por que el plan "no es recaudatorio", sino más bien disuasorio. Navarro quiso despejar cualquier duda acerca de la situación de los radares y añadió que la ubicación de los mismos responde a los criterios adoptados por una comisión provincial que ha tenido en cuenta la existencia de puntos negros , tramos conflictivos o con presencia habitual de vehículos pesados, y carreteras secundarias sin arcén suficiente para situar radares móviles.