Las cifras no se recuerdan, las imágenes permanecen. La asistencia masiva a las 111 manifestaciones convocadas como resumen de la jornada de huelga es para los sindicatos el termómetro del rechazo que suscita la reforma laboral. Es el dato que, según Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, el Gobierno de Mariano Rajoy debe tener en cuenta para negociar un cambio de la norma vigente y neutralizar la conflictividad social que se da por descontada en caso contrario.

El Gobierno no está dispuesto a cambiar la esencia del mercado de trabajo aún más flexible con su reforma, como afirmó la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El Ejecutivo intentó minimizar la convocatoria sindical con más ahínco que la CEOE, cuyo presidente, Juan Rosell, deseó que acabara cuanto antes una jornada de «normalidad y tranquilidad». Pero el gran despliegue policial en las ciudades y polígonos se unió a la tensión causada por piquetes que cortaron carreteras con barricadas de neumáticos en llamas.

Para Toxo y Méndez, el Ejecutivo y el Parlamento están en una «encrucijada» en la que solo cabe una salida a la conflictividad social que provoca la reforma y los recortes presupuestarios: «cambiar o cambiar».

Así, «se podrá reconducir el conflicto»; de lo contrario, «no cejaremos en nuestro empeño» y la tensión será «creciente», afirmaron. La huelga es el medio para lograr el fin, que es que el Gobierno se siente a negociar cambios en una reforma «dañina que ahonda en el agujero de la recesión y lanza a la marginación» a miles de familias.

EL DESGASTE DE RAJOY / Con un seguimiento medio del 77% - en industria y transportes, el 97% y en las administraciones públicas, el 57%-, un menor consumo de energía para usos productivos y más tensión que en el paro del 2010, los líderes sindicales advirtieron a Rajoy que la legitimidad que da la mayoría absoluta se puede mantener pero el crédito político es pasajero y «no vaya a ser que ya lo esté perdiendo de forma acelerada», subrayaron.

En Catalunya, el apoyo llegó a un 82% de los trabajadores que secundaron el paro general de CCOO, UGT y USOC y unos 20.000 sindicalistas participando en los centenares de piquetes distribuidos por empresas, polígonos y carreteras.

Antes del Primero de Mayo, Toxo y Méndez esperan una «señal inequívoca» de que el Ejecutivo va a abrir diálogo del que presume y en tono amable recomendaron Ejecutivo que «no se comporte como si fuera un Gobierno tecnocrático ni debe estar a la defensiva».

LA EXCUSA DE BRUSELAS / Europa no puede ser la excusa, según los dirigentes sindicales, para presentar unas reformas y ajustes cuando se sabe que es imposible cumplir con el objetivo de déficit del 5,3%. Además, con lo que se sabe hasta ahora, el proyecto de presupuestos generales del Estado que se presentará hoy, se puede convertir en el «ariete para agravar la destrucción de empleo y ahondar en las desigualdades sociales», dijo Méndez.

Toxo citó expresamente al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, como uno de los que en Bruselas aseguran que son los gobiernos de cada país de la eurozona los responsables de las decisiones económicas concretas.

La movilización de ayer seguirá con una petición a la Defensora del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad, una queja ante la OIT por vulneración de derechos y solicitar a los grupos parlamentarios que agilicen la tramitación de la iniciativa legislativa popular del 2010 avalada por un millón de firmas.