El juez José Castro, que investiga el presunto desvío de dinero del Instituto Nóos, asegura, según se supo anoche, que Iñaki Urdangarin no se desvinculó totalmente del entramado de sociedades que giran alrededor de esa entidad y de su socio Diego Torres, en contra de lo que declaró el duque de Palma. Éste dijo que se había separado del negocio en marzo del 2006.

«Tal desvinculación no se produjo, ya que existen sobrados indicios de que Urdangarin desempeñó con posterioridad a esa significativa fecha el cargo de presidente del consejo asesor de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, de la que era director general Diego Torres», dice el juez. Y añade que «no acaba de convencer el argumento de que las funciones de Urdangarin solo eran en materia estrictamente deportiva y sin conexión alguna con la gerencia», e insiste en que existen «innumerables testigos que han declarado que siempre estuvo detrás de todo el entramado societario, antes y después de aquella fecha». El juez también dice que Urdangarin estaba al mismo nivel que Diego Torres.

Posible fianza de entre dos y tres millones

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción está estudiando solicitar una fianza de responsabilidad civil a Iñaki Urdangarin de entre dos y tres millones de euros por los posibles perjuicios ocasionados a las administraciones públicas de Baleares y Valencia. Se trata, según fuentes jurídicas, de una «primera estimación» que quedará fijada de forma definitiva en las próximas semanas, cuando la Agencia Tributaria concluya el informe que le pidió el juez Castro, y se haya determinado la responsabilidad del duque de Palma.

En este momento, y según fuentes de la investigación, las cifras desviadas por el Instituto Nóos se mueven en torno a los 1,3 millones en Baleares y casi tres millones en Valencia.

El juez Castro ha citado a Julita Cucurella, asistenta personal del duque de Palma, para que declare como testigo el 20 de abril.