El PSOE y el PP se han negado hoy en la Comisión Constitucional del Congreso a revisar las retribuciones públicas de los expresidentes del Gobierno, tal y como habían pedido ERC y UPyD para regular situaciones como las de Felipe González o José María Aznar, ambos contratados por empresas energéticas. Según han argumentado el portavoz de ERC, Joan Ridao, y la diputada de UPyD, Rosa Díez, tanto González como Aznar están cobrando unos sueldos "considerables" de sendas empresas del sector de la energía, que compatibilizan con la dotación de casi 80.000 euros anuales que perciben del erario. Díez ha situado en normativas franquistas el origen del actual estatuto "insostenible" de los expresidentes, antes de apostar por una nueva regulación, sin que por ello se perjudique el respeto y la legitimidad que deben tener. Tras rechazar que sea un debate demagógico, Ridao ha señalado que ERC no cuestiona estas "prerrogativas", pero sí su carácter vitalicio y el hecho de que no exista ningún tipo de incompatibilidad, cuando por ejemplo los diputados y senadores tienen cada día más limites a este respecto. "O se ejerce de expresidente o se ejerce de 'lobbysta', pero las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser", ha insistido. En esa idea ha coincidido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, para quien es una situación "éticamente no muy sostenible" que expresidentes de Gobierno que reciben un dinero público estén a la vez asesorando o trabajando para empresas privadas del calibre de Gas Natural y Endesa. "A la luz de una realidad muy evidente", el portavoz de CiU, Jordi Xuclá, ha subrayado que tanto González como Aznar tienen unos ingresos "muy notables" del sector privado, con los que podrían sostener sus respectivas oficinas de expresidentes sin tener que sumar las retribuciones públicas. La proposición no de ley de ERC pretendía establecer un margen temporal como máximo de cuatro años para el cobro de estas remuneraciones e incluso fijar una pensión más reducida y con carácter vitalicio, para cuando los expresidentes alcancen la edad de jubilación. Frente a sus argumentos se han encontrado la oposición del PSOE y del PP. De hecho, el portavoz socialista, Jesús Quijano, ha especificado que la cantidad asignada es una dotación y no una retribución personal y que está destinada a sufragar los gastos de la oficina del expresidente. "Y siempre serán expresidentes", ha enfatizado. Aunque ha admitido que, personalmente, no le satisface "en el terreno estético" la situación de González y Aznar, Quijano ha dejado claro que no son un privilegio, porque el tratamiento legal que tienen los expresidentes en España es "correcto" y está por debajo de la media europea en cuanto a dotación económica. Ha lanzado además una reflexión, en el sentido de que España tiene pendiente de resolver "la rentabilización" de sus expresidentes, porque en este país se dedica "mucho tiempo a demonizarlos" y muy poco a sacarles provecho. En una línea similar se ha manifestado el portavoz del PP, Arturo García Tizón, que ha estimado que no es "ni prudente ni conveniente" examinar lo relativo a la incompatibilidad de los expresidentes de Gobierno, que tienen que tener un reconocimiento, incluida una retribución, acorde con su relevancia. García Tizón ha indicado que la ley española está "debidamente ponderada" y ha considerado que es "sacar las cosas fuera de lugar" decir que una pensión de un expresidente, que no llega a los 6.000 euros brutos mensuales, es incompatible con los momentos actuales de crisis económica.
