El juez Baltasar Garzón dio ayer un giro al sumario de la trama de corrupción vinculada al PP al relacionar con esta red al tesorero y senador del partido Luis Bárcenas y al proponer que sea el Tribunal Supremo el que asuma la investigación, y no los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia, como quería la pasada semana. El PP reaccionó ampliando la querella contra el juez por prevaricación, que presentó por la mañana ante el alto tribunal.

Las prisas del PP por apartar a Garzón del caso precipitaron los acontecimientos. El partido que dirige Mariano Rajoy cumplió su amenaza y, sin publicidad, acudió al registro del Supremo a presentar su anunciada querella contra Garzón por no remitir la investigación de la trama de corrupción a los tribunales competentes. Sin embargo, el PP desconocía a esa hora que el juez ya había reclamado --el día anterior-- un nuevo dictamen al fiscal tras recibir un informe policial con "nuevos datos" sobre el entramado.

CAMBIO DE CRITERIO. El magistrado considera que la nueva información le obliga a reconsiderar su posición inicial de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al aparecer tres aforados, y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), al estar vinculado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otro cargo.

Garzón ya abrió la caja de pandora el viernes cuando comunicó que había encargado "con carácter urgente" al servicio de reprografía de la Audiencia tres copias del sumario. Entonces ya se especuló con que el juez tenía en el punto de mira a otro aforado y que seguramente era un diputado o senador, que debe ser investigado por el Supremo.

Estas especulaciones forzaron la estrategia del PP, que no se arredró pese a que el magistrado fue ingresado de urgencia ese mismo día por una crisis de ansiedad. El portavoz de justicia del PP, Federico Trillo, solo prorrogó 24 horas su amenaza de atacarle en el alto tribunal, cuando el juez se recuperaba el lunes en casa de los problemas de salud.

Sin embargo, Garzón acudió a su despacho el martes y, a las tres y media de la tarde, recibió un informe de la policía que dio un giro al caso. El documento apunta a "un posible nuevo caso de aforamiento", según consta en una providencia que el juez firmó el miércoles. En el documento, el magistrado reclamó a la fiscalía que emitiera un informe en un plazo de 48 horas para "resolver sobre las inhibiciones planteadas".

La fiscalía le propuso el pasado día 18 que dividiera el caso entre el TSJM y el TSJV. El ministerio público había encontrado pruebas contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los parlamentarios autonómicos de esa comunidad Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

CENTRO DE OPERACIONES. También señaló a Camps y a otro parlamentario regional. Por este motivo, aconsejó al magistrado que trasladara la "totalidad" de la instrucción al Tribunal Superior de Madrid "salvo determinados hechos perfectamente escindibles" que debería remitir al Tribunal Superior de Valencia. Para la fiscalía, la trama de corrupción tenía su centro de operaciones en Madrid.

Sin embargo, ahora el juez le propone dirigirse a la sala penal del Tribunal Supremo, que enjuicia a diputados y senadores nacionales.