La verdad es que no me vuelve loco debatir sobre si los jueces tienen o no derecho de huelga. Esto solo es indicio de que no tengo claro la consideración en la que debo adscribirles. Si les atribuyo la de servidores del bien público, podría acabar encajándolos en la categoría de funcionarios y reconocer que sus reivindicaciones profesionales tienen cabida en la legitimidad de una huelga. Si les sitúo como elementos estructurales de un poder del Estado, a lo mejor me chirría tanto como ver, por ejemplo, a un ministro, un secretario de Estado o un parlamentario aplicarse en el empeño de la lucha obrera haciendo abstracción de su responsabilidad hacia el funcionamiento de la democracia. No creo que un juez deba tragar y callar la carencia de medios, pero tampoco puedo hacer abstracción de variables que distancian la presunta huelga de magistrados de esta única demanda. La mejora de las condiciones de ejercicio de la justicia va en beneficio del conjunto de la ciudadanía, pero la sucesión de hechos que ha rodeado este anuncio de plante escapa de esa lectura y, justa o injustamente, transmite la sensación de que estamos ante una reacción corporativa frente a la presión social y del ministerio tras la laxitud con la que fue resuelto por el CGPJ el caso del juez Tirado. En definitiva, a falta de practicar pruebas periciales que confirmen el corporativismo que aparentan, con menos indicios y precedentes se han instruido sumarios.
Además, una significativa representación de los jueces, coincidente con las máximas estructuras de la judicatura, se ha caracterizado en los últimos años por encabezar iniciativas difícilmente enmarcables en el ejercicio de su profesión. No pocas se han expuesto contaminadas con alineamientos políticos impropios de la dignidad que su profesión encarna y reclaman. El PP se pone ahora a la cabeza de una protesta que las organizaciones nunca realizaron con tanta contundencia durante los años en los que fue suya la responsabilidad de resolver los mismos problemas que se denuncian con razón.
Al ciudadano todo el asunto le deja perplejo. Le distancia aún más de un entramado fundamental del Estado de Derecho, que le es ajeno y opaco. No es ya un problema de percibir que el colectivo de jueces, como otros estamentos sociales y profesionales, acabe alineado con una u otra determinada concepción de la política, la sociedad y la democracia. Es algo tan constatado que está socialmente amortizado.
Más daño hace a la judicatura que su alineamiento lo sea consigo misma más que con la propia justicia. Tienen un mal asesor de imagen ante el control social de su función. O, peor aún, consideran que no lo necesitan y eso profundiza más el abismo.
