Ribera da luz verde al desmantelamiento de la central nuclear de Garoña antes del 23J

Será la segunda central nuclear en echar el cierre tras la central de Zorita, aunque lleva ya once años parada. El ministerio para la Transición Ecológica da luz verde, una semana antes del 23J, al desmantelamiento de Santa María de Garoña, central que se desconectó de la red eléctrica a finales de 2012, cuando su propietaria, Nuclenor, decidió no seguir explotándola. Presupuestada en 475 millones de euros, la demolición --que fue aprobada en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear-- se prevé que termine en 2033 y en ella trabajarán hasta 350 personas de forma simultánea, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica.

Situada en el Valle de Tobalina (Burgos), Garoña se inauguró en 1971 con una potencia instalada de 466 megavatios (MW). En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero como no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014, que en agosto de 2017 fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En ese momento la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) comenzó los trabajos preparatorios y a diseñar el proyecto de desmantelamiento.

"Es un ejemplo de lo que en realidad no debería volver a ocurrir. Cómo el señor Mariano Rajoy anunció a bombo y platillo, en contra de los informes, que la mantendría abierta y cómo después tuvieron un periodo de incertidumbre muy largo sobre si era rentable o no y cuáles eran las inversiones que se requerían para mantenerla abierta. Las condiciones que fijó el Consejo de Seguridad Nuclear para garantizar la seguridad del funcionamiento fueron rechazadas por la empresa propietaria y acabó declarándose el cierre", ha defendido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en clave electoral en una atención a medios a la salida de un desayuno organizado por Nueva Economía Forum este lunes.

El Partido Popular defiende en su programa electoral estudiar una posible prórroga de las centrales nucleares que se mantienen abiertas, mientras que el PSOE descarta cualquier modificación sobre el calendario de cierre ordenado entre 2027 y 2035 acordado con Enresa y las compañías eléctricas propietarias de las centrales.

Dos fases

Sea como fuere, el proyecto de desmantelamiento de Garoña es un hecho y consta de dos fases, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica. En la primera, que abarca desde el próximo año hasta 2026, se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

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En la segunda parte del proceso, que llevará desde 2027 hasta 2033 y ya con el combustible en el almacén temporal, se abordará la demolición final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento. 

La autorización de Ministerio que dirige Teresa Ribera llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021 y de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear emitiese el preceptivo informe favorable el pasado mes de mayo y tras haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental que establece las condiciones a las que ha de ajustarse el proyecto. Sólo falta que se transfiera la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, algo que sucederá en los próximos días, para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno.

Transición justa

"Durante todos estos años no ha habido ninguna inversión que permitiera buscar alternativas económicas para el valle de Tobalina, por eso incluimos el valle en el proceso de Transición Justa. A diferencia del resto de países somos los únicos que hemos incluido a aquellas comarcas donde se cerraba una central nuclear que era el núcleo fundamental y el centro de actividad económica más importante para la zona", ha añadido Ribera en su atención a los medios.

En 2020 el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, empezó a trabajar en los 27 municipios donde se han identificado impacto en el empleo y en la renta tras el cierre de la central. En mayo de 2021, el MITECO, la Junta de Castilla y León; el Gobierno Vasco y los municipios –por medio de la FEMP y AMAC–, firmaron el Protocolo de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central. 

Y se han adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de proyectos de "índole sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental y de gestión de biomasa", según ha informado el departamento que dirige Teresa Ribera, que añade que se está "trabajando" en una "nueva convocatoria" para este tipo de proyectos, además de tramitar "líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año".