Seguridad jurídica

Cuando Ferrovial anunció su decisión de trasladar su sede a Países Bajos cometió el error de deslizar que una de las razones era la falta de seguridad jurídica para la actividad económica en nuestro país. Una idea que, en efecto, siendo discutible, no parecía justificar su marcha. 

Y no. En ese traslado había razones más fundadas y evidentes para el horizonte de una compañía cuya facturación en España es casi residual y cuya estrategia de liderazgo global requiere de otras palancas que todavía no tenemos aquí. El resto puede ser iguamente discutible. Y nada más. 

Ahora bien, ¿y qué hay de la seguridad jurídica? Objetivamente hablando, no parece que falte. De hecho, somos campeones en inflación legislativa, hasta el punto de inyectar diariamente al BOE y al resto de boletines oficiales una sobrecarga incandescente de combustible normativo. 

¿Para qué? ¿Para mejorar la arquitectura y funcionamiento de las instituciones? ¿De las empresas? ¿De familias y trabajadores? ¿De la sociedad en general? 

¿Y qué sucede con las leyes mal planteadas, técnicamente defectuosas, previsiblemente ineficaces y económica y socialmente perjudiciales?

Ah...eso es otra cosa. En efecto, lo hemos visto de sobra.

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