Antonio Rodríguez Moyano, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, ha emitido un auto por el que levantará el 10 de septiembre la administración judicial del Córdoba CF, que se ha prolongado a lo largo de ocho meses, desde que el 9 de noviembre dictaminara la medida tras la detención y posterior puesta en libertad del hasta entonces presidente blanquiverde, Jesús León, acusado de cuatro supuestos delitos: administración desleal, apropiación indebida, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Así lo ha adelantado Canal Sur Radio y lo ha confirmado este periódico de fuentes judiciales.

El pasado 9 de noviembre tomaban posesión como administradores judiciales el abogado Francisco Estepa y el economista-auditor Francisco Javier Bernabéu, cuyos primeros meses en El Arcángel fueron más que intensos. Primero, advirtieron de que la entidad blanquiverde no tenía recursos suficientes para finalizar la temporada. Incluso, señalaron que los jugadores -una decena de ellos- podían marcharse libremente a mediados de diciembre por impagos. Además de las acciones en torno a la ciudad para que esta ayudara al club, Estepa y Bernabéu solicitaron la declaración de concurso voluntario de acreedores y abrieron la subasta para la venta de la unidad productiva del Córdoba CF. Menos de un mes después de estas medidas, Estepa firmaba la escritura de compraventa de la unidad productiva al grupo Infinity, único inversor que se presentó a la misma y que depositó tres millones de euros en la cuenta consignada del Juzgado de Instrucción número 5.

Paralelamente, Estepa fue designado como administrador concursal por el Juzgado de lo Mercantil, del que es titular Antonio Fuentes Bujalance. Dicho cargo y situación permanecen intactos, mientras que todos los movimientos jurídicos producidos en el Córdoba CF en estos nueve meses han provocado diversas reaciones, así como una batalla jurídica en torno a la entidad blanquiverde. Recursos, demandas y querellas que han abarcado desde los propios jueces Rodríguez Moyano y Fuentes Bujalance, hasta a las decisiones tomadas en la venta de la unidad productiva. Estos movimientos legales han partido, en su mayoría, por las dos partes que luchan por la titularidad del paquete mayoritario de acciones del Córdoba CF SAD, Aglomerados Córdoba (Jesús León) y Azaveco (Carlos González), además de los acreedores y prestamistas del propio León y de Bitton Sport (Luis Oliver y Joaquín Zulategui).

Los propios administradores judiciales, en su informe de febrero, ya advertían al juez Rodríguez Moyano que el trabajo a realizar en El Arcángel había decaído considerablemente tras los primeros tres meses de intervención, aunque la paralización de todos los trámites con la llegada de la pandemia de coronavirus retrasó ligeramente la decisión del magistrado que, en cualquier caso, no podía legalmente eliminar la intervención judicial del Córdoba CF antes del 9 de mayo pasado, cuando se cumplían los seis meses de la misma, periodo mínimo designado.

En realidad, poco debe cambiar en el día a día en la entidad blanquiverde con la medida designada por el Instrucción número 5 y ya solo queda esperar a la decisión de la RFEF sobre la inscripción del Córdoba CF en la competición, Segunda División B, para la temporada 20-21. A partir de ahí, y con la decisión del organismo federtivo en la mano, se abre un abanico de posibilidades. Pero antes de ello habría que evaluar si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) termina nombrando a Fernando Caballero como juez para entender la causa en el Juzgado de lo Mercantil tras la recusación de Fuentes Bujalance.