La Fiscalía concluye que la exalcaldesa de Peñarroya tenía control directo sobre la trama del caso Rocket

La Fiscalía, en la sesión final del juicio por el caso Rocket en el que se juzga a la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, por delitos de prevaricación, fraude de subvenciones y falsedad en documento emitido por funcionario público, ha concluido que la ex regidora "tenía control directo sobre la trama".

El ministerio público considera a la empresa pública Promociones Industriales del Valle Alto del Guadiato (Pivag) una entidad instrumental en manos de Ruiz, que era, además, presidenta del consejo de administración. Y, sobre su función en el caso instruido, el Fiscal señala que era "facilitar la opacidad" para el ente financiador con el fin de obtener las subvenciones de los fondos Miner y "justificarlas sin problemas".

Luisa Ruiz, ex alcaldesa de Peñarroya: "De los Miner no se usó jamás una factura ficticia para justificar nada"

El papel de Pivag

Sin embargo, el letrado que representa al Ayuntamiento del municipio -responsable civil subsidiario para la Fiscalía y la Abogacía del Estado- ha dirigido la atención a Pivag, que, según ha explicado, recibía la cuantía completa directamente para su gestión. Para la acusación, Pivag y el Ayuntamiento son la misma cosa, pero no para la defensa, que reitera la independencia de ambas entidades en el asunto.

Asimismo, el abogado particular de Luisa Ruiz ha asegurado que su clienta no estaba al tanto de ninguna irregularidad, indicando que "no tiene conocimiento jurídico ni económico". Sobre las declaraciones de las testigos, que apuntan a la alcaldesa como la persona encargada de canalizar toda la información al respecto, el letrado considera que son "desafortunadas" o "atemorizadas", "proclamaciones huecas" que, en ningún momento, ha afirmado, "conectan la decisión directa de la alcaldesa con alguno de los hechos".

A su parecer, tampoco considera coherente el "sobreseimiento masivo de todos los imputados", desde técnicos a asesores, incluyendo a Pivag, para la que se decretó "su irresponsabilidad penal". Para el abogado de la ex alcaldesa, sería coherente que apareciera como responsable civil en esta causa.

Facturas presuntamente falsas

Los delitos que se le imputan a la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo están relacionados con las subvenciones recibidas para innovar y urbanizar el polígono de Antolín 3 y el polígono Vega Currillo. Una de ellas para la redacción de proyectos y otra para la ejecución.

Para Antolín 3, la acusación cree demostrado que el dinero recibido en ayudas no se destinó a los fines convenidos y que, por otro lado, se emitió una facturación de 175.000 euros que no cuadra con la factura de 22.000 euros de la arquitecta encargada del proyecto. Partiendo, como han abundado, de que desde un inicio se rompe el principio de concurrencia y publicidad que rige a este tipo de ayudas, adjudicando los trabajos sin concurso. De ahí la prevaricación.

En Vega Currillo, el delito de falsedad documental que la Fiscalía y la Abogacía del Estado imputan a la ex alcaldesa está vinculado a otra factura de 1,89 millones de euros, factura que se habría inflado, según ha explicado el Fiscal, para cumplir con el objetivo de recibir la subvención. Para ello, se hacía uso, según el ministerio público, de Pivag que, bajo el concepto de 'gastos generales' habría cuadrado las cuentas con facturas, a su juicio, falsas.

Modificaciones en la calificación

En sus conclusiones ante la sección tercera de la Audiencia Provincial, el Fiscal ha presentado una modificación verbal de los delitos. Así, la acusación cambia la falsedad documental mercantil por un delito de falsedad en documento emitido por funcionario público (en relación a una de las facturas considerada falsa) y retirar la continuidad del otro delito de falsedad documental, al considerarlo un único hecho.

Por cada uno de ellos, ha solicitado cuatro años de prisión, ocho meses de multa a razón de 12 euros por día y tres años de inhabilitación especial en el ejercicio de cargo público para Luisa Ruiz. En total, son más de 11 años los que pide la Fiscalía para la ex alcaldesa y, como ha precisado el Fiscal, los últimos cambios apenas alteran esa suma.

Debate en torno a la prescripción

En su intervención, la acusación ha defendido que la prescripción no es legítima en este caso por varios motivos. En primer lugar, porque se produce una interrupción de la misma. El hecho delictivo se habría cometido en enero de 2010 y las declaraciones de Luisa Ruiz respecto al mismo en octubre de 2020. Más de 10 años (límite) después. Sin embargo, la Fiscalía señala que en 2013 tiene lugar la interrupción, cuando se abren diligencias por unos hechos que considera conectados.

Aunque en aquellos años, cuando se practicaron registros del Ayuntamiento y de otros lugares por parte de la Guardia Civil, no se preguntase a la ex regidora por la causa que, en estos momentos, se encuentra vista para sentencia, la acusación alega que unos hechos estaban relacionados con otros. Y todos forman parte del caso Rocket, una trama con varias ramificaciones.

En contra, la defensa -concretamente, el letrado que representa al Consistorio- se ha referido a la doctrina del Tribunal Constitucional para poner sobre la mesa que "la mera presentación de denuncia o querella no es suficiente" y que debe existir una interpelación directa a la acusada, en relación al caso, para que se interrumpa la prescripción.

La alcaldesa reitera que no existe fraude

El último turno de palabra ha sido para Luisa Ruiz, que, mostrando dolor por las palabras escuchadas, en compañía de sus hijos, ha reiterado su inocencia. "Sigo pensando que se ha hecho todo con la máxima legalidad, sin haber incurrido en ningún fraude", ha expresado tras subrayar que siempre trabajó con el espíritu de "cambiar la situación de Peñarroya", gestionando la mayor cantidad de recursos posibles y transformándolos "en trabajo y seguridad".

Además, la ex alcaldesa ha asegurado que todas las subvenciones se ejecutaron "integramente" y que no quedó "ninguna factura sin pagar" durante su mandato. "Se ha dado el uso debido a todas las subvecniones", ha repetido. Y, en última instancia, ha transmitido su respetuosa opinión sobre todos los profesionales del Ayuntamiento que trabajaron, junto a ella, durante esos ocho años de alcaldía (2003-2011).

Suscríbete para seguir leyendo