Somonte ¿tierra de todos?

El día 4 de marzo del año 2012 un grupo de jornaleros pertenecientes al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocupaba la finca Somonte, en término municipal de Palma del Río, que es propiedad de la Junta de Andalucía. La hacienda fue adquirida por la Administración autonómica en los años 80, cuando existía la intención en el Gobierno andaluz de poner en marcha una reforma agraria que no llegó a hacerse realidad. El pasado domingo, día 4 de junio, once años y tres meses después, los miembros del sindicato que mantenían la ocupación decidieron abandonarla y salir del cortijo.

Los objetivos

La intención de la acción iniciada hace once años era evitar que la administración autonómica pusiera la finca en venta. El segundo gran objetivo, algo más utópico, pero factible, según los ocupantes, era conseguir que las citadas tierras pudieran ser explotadas con un fin social por cooperativas de trabajadores.

Somonte es una finca de secano, situada en la campiña entre las provincias de Córdoba y Sevilla, que tiene una superficie de 400 hectáreas y con muchas posibilidades, según defienden los miembros del SAT.

Varios juicios

Durante estos años, la Guardia Civil ha entrado en la finca y ha desalojado una decena de veces a los trabajadores, que han hecho de esta acción reivindicativa todo un ejemplo, según apuntan, de «resistencia, lucha, rebeldía y dignidad», pero que también les ha costado enfrentarse a varios juicios, que han sentado en el banquillo a unas cien personas de las muchas que han ido pasando por el cortijo en esta década. De casi todos estos contenciosos «hemos salido absueltos», explicaba a este periódico Óscar Reina, secretario general del sindicato y la persona sobre la que ha recaído en los últimos años la responsabilidad de la ocupación.

El único logro

Reina indicaba, además, que solo en uno de ellos «se nos condena a a devolver la posesión de la finca a la Junta de Andalucía», que es, según indicó, precisamente lo que el sindicato perseguía, que las tierras ocupadas nunca dejaran de ser públicas. Este objetivo es el único que han logrado, explican, y lo califican como una «gran victoria», porque recientemente la Junta incluyó Somonte en el catálogo del patrimonio andaluz.

Amparados por la ley

El otro objetivo es conseguir que las tierras de Somonte y de otras fincas públicas cercanas, como Guzmán o Guadalora, puedan ser destinadas a actividades de beneficio social, es decir, que den empleo y posibilidades a los jornaleros de la comarca. Para ello, la propuesta que defiende el sindicato es algo que, según explicó Reina, ya se recogía en la Ley 8/1984 de Reforma Agraria, que plantea la posibilidad de que la Junta pueda ofertar a cooperativas o trabajadores el laboreo de sus tierras.

La propuesta del SAT es constituir cooperativas de trabajadores a las que la Administración autonómica ceda el usufructo de la finca por un determinado tiempo. Así, señalan que se podrían generar miles de jornales entre el trabajo en el campo y la creación de empresas transformadoras. 

La acción sindical ha llevado ante el juez a unas cien personas y casi todas fueron absueltas

Además, señalan que se debería establecer un sistema de seguimiento y control de los resultados para comprobar que se cumplen los objetivos que se recojan en el acuerdo, en cuanto a empleo generado, rentabilidad de la tierra, planteamientos de ecosostenibilidad, etcétera, y si no se cumplen, se rescinde la concesión. Para sustentar su idea se remiten a casos puestos en marcha por la organización sindical en otros lugares como Marinaleda, Pedrera, El Coronil, Puerto Serrano o Alcalá del Valle.

El trabajo desarrollado

Para demostrar las posibilidades que ofrece la finca palmeña, los miembros del SAT han acometido en estos once años diversas actuaciones, entre las que destaca la plantación de unos 300 olivos, así como otro tipo de cultivos como girasol, garbanzos, trigo o cebada, pero defienden que lo ideal, si se implantara el regadío, sería apostar por los cultivos hortícolas, que generan bastante mano de obra.

El estudio de la UCO

Sobre el posible aprovechamiento de la finca, el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, en colaboración con el grupo político Cambiemos Palma, elaboró un documento en el que se recoge que Somonte, Guzmán y La Palmosa tienen posibilidades de explotación agrícola y ganadera tanto ecológica como convencional, además de ofrecer grandes posibilidades de acoger iniciativas de transformación y propuestas agroecológicas, formativas e incluso la implantación de energías renovables. Otra de las posibilidades que se planteaban era aprovechar sus instalaciones para un centro terapéutico.

Negativas de la Junta

Desde que el SAT ocupó por primera vez la finca pública ha ido cambiando el gobierno de la Junta de Andalucía, por el que han pasado gobiernos socialistas, de coalición entre PSOE e IU y también del Partido Popular. Ninguno de ellos, se lamentan desde el sindicato, ha entendido sus propuestas, aunque con todos «hemos hablado». Ante esa falta de entendimiento, asegura el sindicato que solo les quedaba, como medida de presión, la ocupación.

Sigue la lucha

Después de once años, los actuales ocupantes de Somonte aseguran que no han tenido más remedio que abandonar, porque, una vez agotados todos los plazos para salir voluntariamente, se exponían a sanciones «de varios miles de euros», apunta el secretario general, de los que carece en la actualidad el sindicato.

Aun así, y dado que solo han conseguido uno de sus objetivos, no descartan volver a las andadas y ocupar de nuevo Somonte «o cualquiera de las otras fincas públicas o incluso varias la vez», porque el objetivo principal, que es que las tierras públicas tengan un uso social y beneficien a todos los trabajadores, no se ha alcanzado. Por ello anuncian que seguirán en la lucha hasta hacerlo realidad.

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