CUENTAS DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL
La liquidación del presupuesto de 2022 de la Diputación de Córdoba arroja un remanente de 13,9 millones
Esa cifra permite aportar 7 millones al plan Más Provincia que llegará así a los 16
Antonio Ruiz y Felisa Cañete en la sede Hacienda Local. / R.V.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha informado este martes de que ya se ha firmado el documento de liquidación del presupuesto del año 2022, que ha arrojado un remanente de tesorería de 13,9 millones de euros.
Según ha señalado Ruiz y ha confirmado la delegada de Hacienda de la Institución provincial, Felisa Cañete, esta cantidad permite dar cumplimiento a uno de los compromisos establecidos con la aprobación del presupuesto del 2023, que era la de aportar recursos de estos remanentes para fortalecer algunos planes que se habían visto recortados al no autorizar la Junta de Andalucía a la Diputación suscribir préstamos para acometer inversiones en proyectos que no son propios. Así, según Ruiz, el plan que se verá reforzado es del Más Provincia, que recibirá de estos remanentes un total de 7 millones, con lo que la cantidad total vuelve a ser, como en el último año, de 16 millones, ya que en el presupuesto de la institución para este ejercicio tiene consignados 9 millones.
A juicio de Cañete, se ha podido cumplir de una manera muy rápida el compromiso establecido, y ya se han iniciado los trámites necesarios para incorporar la cifra al citado plan para que se pueda aplicar lo antes posible con su cuantía completa
La dependencia del incremento de cuantía plan Más Provincia de la liquidación de las cuentas del año 2022 fue objeto de críticas en el pleno en el que se debatieron las cuentas de la institución, el pasado 4 de enero. En la sesión, el Partido Popular criticó el recorte, de siete millones, de dicha partida, asegurando que dejaría a muchos ayuntamientos sin poder acometer los proyectos que tenían previstos.
El asunto vino precedido de la polémica sobre la administración supraprovincial que impedía la posibilidad de solicitar préstamos para financiar las obras de los pueblos, pues mientras el PSOE achacaba la responsabilidad a la Junta de Andalucía, desde la bancada popular aseguraban que era una norma estatal.
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