La unanimidad alcanzada por todas las administraciones para buscar una solución urgente a la falta de agua en la zona norte de Córdoba, haciendo posible una conexión entre La Colada y Sierra Boyera, en la que quedó claro que sería el Gobierno Central el que asumiría la obra; la Diputación, los estudios técnicos pertinentes y la Junta la cesión provisional de la parte ya ejecutada, no parece que haya servido para que la maquinaria lleve la velocidad de crucero que sería deseable. De modo que la solución podría llegar tarde, tal y como los alcaldes han indicado.
Ante las declaraciones del regidor de Añora, Bartolomé Madrid, que reclamaba a las administraciones socialistas que se pusieran manos a la obra y que el Consejo de Ministros declare la emergencia de la obra, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha indicado que «ante la inacción absoluta y clamorosa de la Junta de Andalucía, es el Gobierno de España quien ha dado un paso al frente para declarar la emergencia y encargar un proyecto en un tiempo récord que permita el trasvase». Y ha añadido que «no se puede hacer una lectura interesada del informe de la Abogacía del Estado, obviando que desde el punto de vista competencial, las tres administraciones tienen potestad para declarar una emergencia que permita actuar en la problemática del agua en el norte de la provincia».
Por ello, ha solicitado al alcalde que exija a la Junta de Andalucía que «contribuya a la solución en lugar de criticar a la administración que está trabajando en una solución de emergencia». «Si la Junta ayuda, llegaremos antes. Así que dejemos de politizar y pongamos a resolver de verdad la problemática del agua en el Norte», ha añadido la subdelegada .
A esa controversia se une la que mantienen la Junta y la Diputación (Emproacsa) respecto al procecimiento de entrega de las conducciones ya construidas. El motivo del conflicto no es la entrega en sí, sino en la fórmula legal para materializarlo. La Junta propone una entrega total de la obra (que está por concluir), bajo el compromiso de, una vez ejecutados los trabajos de emergencia, terminar lo que queda por ejecutar. Dicha fórmula no convence en la Diputación que defiende una cesión provisional porque no está por la labor de recepcionar una obra inconclusa como si estuviera terminada.
Y, entre tanto, la zona norte aumenta su escasez de agua y el caso del corte de suministro sufrido en Añora ha vuelto a crear polémica, pues el alcalde, Bartolomé Madrid, acusó a Emproacsa de haber cortado sin avisar.
Sobre este asunto, el presidente de Emproacsa, Esteban Morales, incidió en la necesidad de «reforzar la concienciación ciudadana en cuanto a la aplicación de medidas de ahorro por parte de todos, así como la puesta en marcha de actuaciones de competencia municipal para hacer frente a la situación de emergencia por escasez de agua en los 24 municipios de la zona norte». Así Morales añade que «desde el pasado 13 de julio comunicamos oficialmente a todos los ayuntamientos afectados el inicio de las restricciones y los datos de volúmenes máximos y les rogamos que le dieran difusión a la nueva situación, que podía derivar en una falta de recurso puntual si los aportes diarios a los depósitos se veían superados por las demandas de consumo diario». Morales ha señalado que «desde el inicio de la aplicación de las medidas no se ha producido una suspensión del suministro a ninguno de los municipios de la zona norte, limitándose dichas medidas a una reducción de los caudales aportados a los depósitos municipales en un 10%». «Cuando se agota el agua almacenada en dichos depósitos, como ha ocurrido en Añora por un consumo municipal superior a la dotación de agua, hemos procedido a realizar un aporte extraordinario para recuperar los niveles normales de funcionamiento», explicó Morales. Ayer fue Villanueva del Duque el municipio que fue advertido de que se había excedido en el consumo de agua.
