En los últimos años se han venido produciendo noticias relacionadas con las Casas Baratas, de las que los medios de comunicación regionales y nacionales se han hecho eco en sus correspondientes secciones informativas. Sin embargo, el conocimiento técnico de esta polémica es prácticamente desconocido, al menos hasta la publicación de la sentencia del Supremo, que tuvo lugar el pasado 29 de marzo.

En los enfrentamientos entre el personal de la empresa constructora que compró el terreno donde se sitúan las viviendas se llegó, incluso, a impedir el acceso a uno de los domicilios cuando la citada empresa se proponía iniciar un plan de demolición de lo que considera su propiedad. Asimismo, ha habido confrontaciones verbales. En el curso de una de ellas, una de las vecinas afectadas, de 78 años de edad, tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta el hospital comarcal de Montilla para ser tratada de una crisis nerviosa.

Representantes de la empresa han mostrado en varios momentos su firme decisión de seguir adelante en los propósitos de actuar en consecuencia como propietarios del terreno y desarrollar un plan urbanístico que apuesta por la construcción de una nueva zona residencial. En esta lucha, los vecinos han recibido el apoyo del alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien se comprometió en su día a mediar con el Ayuntamiento y apoyar la causa vecinal ante lo que considera "una estafa".