La polémica judicial que viene enfrentando desde hace siete años a vecinos de las Casas Baratas con miembros de la sociedad que lleva este mismo nombre y que construyó estos edificios en los primeros años del siglo pasado con fines sociales, ha sido zanjada por el Tribunal Supremo. Mientras los vecinos defienden su derecho a ocupar estas viviendas donde han residido durante muchos años, los presuntos herederos de la citada sociedad vendieron las viviendas a una constructora de la localidad sin conocimiento de los usuarios.

Desde el 2005 han sido numerosas las personas e instituciones que han expuesto sus opiniones sobre un tema tan controvertido. Al tener conocimiento de la venta, los vecinos presentaron una demanda judicial para exigir la nulidad del proceso de compraventa argumentando "falta de legitimización de los vendedores para otorgar la operación mercantil". Para defender sus intereses, los usuarios de las viviendas iniciaron un proceso por la vía judicial para reivindicar su derechos a ocupar los edificios que acogen este entorno urbano que se sitúa en la confluencia de la Avenida de Boucau con las calles Médico Márquez y Nueva.

Ahora, el alto tribunal ha decidido rechazar el recurso de casación interpuesto por los vecinos y confirmar la sentencia dictada el 13 de febrero del 2009 por la Audiencia Provincial de Córdoba en la que se desestimaron los argumentos presentados por los vecinos para acceder al uso de estas casas en las que han vivido sucesivas generaciones familiares.

Las Casas Baratas se construyeron en el primer tercio del siglo pasado por la Sociedad Casas Baratas con el fin de habilitar una barriada para acoger la residencia de obreros y familias sin recursos. Los pocos edificios que se mantienen en pie conservan el aspecto exterior de casas de trabajadores de una planta o dos situadas en el extrarradio en el momento de su edificación. Los herederos de los fundadores de la sociedad que conforman una veintena de personas, algunos de ellos ya fallecidos, acordaron la venta de las casas a una empresa constructora de la localidad. La operación se realizó en el 2005 sin que los vecinos tuvieran noticia hasta pasados varios días y de forma casual.

El Supremo viene a rechazar la primera batalla legal de los vecinos y falla a favor de los propietarios, aunque otros residentes mantienen abierto el proceso legal en defensa de sus derechos.