El Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas a la entrada en prisión recibe alrededor de 1.800 sanciones anuales en Córdoba para su ejecución y estas son, prácticamente, el doble que hace una década según explica su responsable, Antonio Miguel García. Se trata de una vía con la que, a propuesta de los jueces, personas que han cometido delitos leves (entre otras circunstancias) evitan la privación de libertad mediante su participación en iniciativas formativas, el trabajo en beneficio de la comunidad o ambas actividades.
De este modo, la directora del centro penitenciario de Córdoba, Yolanda González, confirma que las penas y medidas alternativas van en aumento en los últimos años, y explica que «en determinados casos, hay medidas más útiles que la privación de libertad para la modificación de la conducta» del delincuente.
El servicio atiende a más de 1.200 personas anualmente. En líneas generales, el juez puede plantear la suspensión de la pena de cárcel cuando esta no excede los dos años (entre otros requisitos), aunque existen excepciones hasta los cinco años, por ejemplo, cuando el individuo sufre una enfermedad grave o incurable.
El grueso de las personas que cumplen estas penas y medidas son hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años. Antonio Miguel García apunta que los individuos de entre 70 y 80 años «vienen, sobre todo, por violencia de género». Acerca del espíritu de estas sanciones, también recuerda que «una de las reglas mínimas del Consejo de Europa es que nadie puede ser privado de su libertad a no ser que sea el último recurso disponible».
La colaboración social es imprescindible
La gestión de penas y medidas alternativas se enmarca en la labor del Centro de Inserción Social Carlos García Valdés (ubicado en el polígono industrial de Las Quemadas) que, además de este trabajo, gestiona las condenas de alrededor de 190 personas que se encuentran en el tercer grado penitenciario y de un centenar de individuos en libertad condicional.
En el caso de las penas y medidas alternativas, el órgano judicial establece el número de jornadas que debe realizar el penado y, de acuerdo con esa cifra, el servicio de gestión opta por la ejecución de talleres (alrededor de dos meses), programas formativos (en torno a 10 meses) o actividades de utilidad comunitaria. En este último caso, estos individuos no perciben un salario por su trabajo, aunque sí son dados de alta en la Seguridad Social.
La subdirectora del CIS, María del Pilar Reyes, detalla que «tenemos un catálogo de actividades y programas. En función de las necesidades, de la persona y del delito, se asigna el programa más adecuado para que la pena sirva de manera constructiva». Para ello, además, cuentan con la colaboración de ayuntamientos y de otras entidades privadas y públicas.
En este sentido, Antonio Miguel García asegura que «la visibilidad de estas penas es fundamental». Por un lado, entiende que «a los empresarios todavía les falta carácter humanista con los trabajadores», y de otro, afirma que «ciertas entidades locales tendrían que concienciarse de que sus convecinos tienen que cumplir. Si el ayuntamiento no colabora, hay que desplazarlos a otra localidad o a la capital, y suelen ser personas con pocos recursos. Al final, llega al incumplimiento», lamenta.
Seguridad vial y violencia de género
En cuanto a las iniciativas más demandadas, el jefe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas indica que los talleres más solicitados son de seguridad vial y contra la violencia de género. No obstante, existen otras propuestas como Puente extendido, para personas con discapacidad o problemas de salud mental; Justicia restaurativa, dirigido a individuos con interés en pedir perdón a la víctima; Fuera red, contra la pornografía online; Encuentro, para la violencia familiar; Pideco, contra los delitos económicos, o Cuenta Contigo, para personas que consumen drogas.
