Las tarjetas monedero asistirán al 60% de las familias más vulnerables de Córdoba

El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles el sistema que regirá las nuevas tarjetas monedero, que empezará a funcionar en abril de este año en sustitución del Programa Operativo Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD). Las reacciones a este nuevo sistema no se han hecho esperar. El Banco de Alimentos de Córdoba cuestiona este nuevo sistema que, según las primeras estimaciones de la entidad, permitirá atender en el mejor de los casos las necesidades del 60% de las familias más vulnerables de la provincia, las que tienen hijos menores, dejando fuera a las que, cumpliendo el requisito de renta, vivan solas, entre ellas, las personas sin hogar, o que tengan cargas familiares que no cumplan el perfil de edad.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, va más allá y alerta de que «280.000 familias vulnerables de Andalucía se van a quedar fuera» del reparto de alimentos básicos por el nuevo modelo «impuesto» por el Gobierno de España, lo que supone «excluir al 85%» de los beneficiarios andaluces actuales, 330.158 personas, unas 31.000 en Córdoba». Según fuentes de la Consejería, no solo se quedarían fuera los que no tienen hijos sino familias con menores a las que no se podrá atender porque el presupuesto asignado es insuficiente. Andalucía recibirá 18,9 millones de los 100 que se repartirán a nivel nacional. «En el mejor de los casos, podrían beneficiarse 50.000 familias», aseveró ayer la consejera.

Según el vicepresidente del Banco de Alimentos, Juan José Cas, «las tarjetas tienen una faceta positiva, ya que ofrecen la posibilidad a los beneficiarios de comprar alimentos frescos, pero esa es su única virtud, ya que, a cambio, dejan fuera a entre un 40% y un 50% de personas en pobreza severa por no tener hijos pequeños». Cas señala además que este programa, que sustituye al programa FEAD, reducirá de forma considerable la llegada de alimentos para repartir entre las entidades sociales. «Solo en Córdoba, este año recibiremos 600 toneladas menos que el año pasado, lo que supone un déficit que aún no sabemos cómo vamos a paliar y que nos obligará a reducir la lista de usuarios, derivando a Cruz Roja a las familias con hijos menores que antes recibían esos fondos». Cas apunta además que con el mismo presupuesto que antes, la capacidad de compra se verá reducida entre un 20% y un 25% , ya que «con el sistema anterior se compraban productos no perecederos por toneladas, a un precio más ventajoso, y ahora se hará en supermercados al precio de venta al público».

600 toneladas menos de alimentos en Córdoba

Las 600 toneladas de la última entrega de alimentos se repartieron a las entidades sociales antes de que acabara 2023, para su uso de aquí al mes de abril. En total, sirvieron para atender a 24.111 personas, 1.182 lactantes y 4.486 menores de 15 años. A partir de entonces, a falta de que se reúna la junta directiva de la entidad, se prevé que no se pueda proveer de alimentos a las familias con menores. Cas aprovechó para explicar que «en los bancos de alimentos no hay colas del hambre, como se ha dicho, ya que la entrega se realiza a las organizaciones sociales, que son las que distribuyen los productos a sus usuarios». Por último, lamentó que el Gobierno haya excluido del reparto a los bancos de alimentos, pese a ser «la organización altruista más grande de España y a tener experiencia previa en el uso de tarjetas monedero». 

Cruz Roja Córdoba declinó ayer hacer declaraciones, al no disponer de detalles sobre cómo se articulará la medida. El año pasado, la entidad distribuyó 542.943 kilos de alimentos de los fondos FEAD que llegaron a 15.320 cordobeses.

Por su parte, la coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana de Córdoba, Soledad Crespo, realizó una primera valoración positiva de la medida, en cuanto que «modifica el planteamiento de los fondos anteriores, apostando en la línea de Cáritas, que también usa este modelo, por dignificar a las familias con la entrega de tarjetas monedero y no de ayuda en especie, lo que evita la estigmatización y da más autonomía a las familias para elegir qué comer», explicó. Según Crespo, el Gobierno ofreció a Cáritas la posibilidad de gestionar las tarjetas monedero, pero, reunidas las delegaciones territoriales, valoraron que el modelo no encajaba en la forma de entender el trabajo con las personas vulnerables de la entidad. «Tal y como se planteaba, se nos convertía en meros gestores de un sistema más administrativo fiscalizador de las ayudas que de acompañamiento a las personas», detalló. También coincidió en criticar que este sistema excluya a un alto porcentaje de las personas y familias más vulnerables por no tener hijos menores, entre los que hay un número elevado de personas sin hogar y mayores que viven solos. En este sentido, confía en que de cara a la futura gestión del programa por parte de las autonomías se pueda articular una fórmula de reparto que incluya también a estos colectivos desfavorecidos.

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