Conflicto laboral

El sindicato USO exige la rectificación del proceso de estabilización de Urbanismo

Piden la convocatoria urgente de una mesa general de negociación y una rectificación para elaborar "una bolsa de trabajo de acuerdo a los criterios del Ministerio de Hacienda"

Sede de la Gerencia de Urbanismo.

Sede de la Gerencia de Urbanismo. / ARCHIVO / CÓRDOBA

ASIG-USO,  sección  sindical  de  USO  y  sindicato  mayoritario  en  la Gerencia de Urbanismo,  ha exigido la rectificación del proceso de estabilización del organismo autónomo. Cabe recordar que el sindicato recurrió en sede judicial tanto la oferta de empleo público de 2022, como las bases que rigen la convocatoria de este proceso excepcional.

El motivo fundamental de estas reclamaciones, tal y como informa USO en una nota de prensa, es que Urbanismo oferta todas las plazas incluidas en el proceso de estabilización en régimen laboral, a pesar de que muchos de los trabajadores afectados vienen desarrollando desde hace años tareas propias de personal funcionario.

 ASIG-USO señala que la Asesoría Jurídica municipal, en otra causa judicial seguida a instancias de una demanda de trabajadores del Imtur, ha calificado el proceso de estabilización planteado  en  Urbanismo  como  "incongruente  y  contrario  al  Derecho". También asegura que "el criterio adoptado al respecto por el Ministerio de Hacienda, que establece que las plazas incluidas en el proceso de estabilización que estén actualmente ocupadas por personal laboral, pero en las que se desarrollen tareas propias de personal funcionario, deben ofertarse necesariamente en régimen funcionarial".

 "Toda esta información se ha trasladado ahora a  la Dirección  de  la  GMU", exigiendo ASIG-USO la paralización inmediata del proceso de estabilización y la convocatoria urgente de una mesa general de negociación, para alcanzar un nuevo  acuerdo  de  rectificación  de  la  oferta  pública  y  de  las  bases  de  la convocatoria,  con  el  objeto  de  adecuarlas  al  criterio  del  Ministerio.  En  caso contrario,  el  sindicato  entiende  que  se  podría  incurrir  en  un  posible  delito  de prevaricación, al  actuar  en contra de la ley,  lo que  llevaría a la exigencia de depuración de responsabilidades.