FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AUTOMOVILISMO

El PSOE lleva al contencioso el contrato de patrocinio del Ayuntamiento a la FIA

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, considera que el gobierno recurrió a este tipo de contrato para eludir la fiscalización del mismo

Eco rally celebrado en el marco del congreso de la FIA en Córdoba

Eco rally celebrado en el marco del congreso de la FIA en Córdoba / Francisco González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha informado de que ha presentado un contencioso administrativo contra el contrato de patrocinio firmado por el Ayuntamiento de Córdoba y la FIA (Federacióin Internacional de Automovilismo) por considerarlo fraude de ley. El contencioso se ha presentado, en concreto, contra el decreto aprobatorio del pliego de cláusulas administrativas y el de condiciones técnicas.

Al encuentro de la FIA en Córdoba asistieron 600 delegados de todo el mundo de 140 países que permanecieron en Córdoba del 19 al 22 del pasado junio y que, según los datos facilitados por la Asociación de Organizadores de Congresos, cada participante «tuvo como gasto medio por persona unos 335 euros, el triple de un turista tipo», lo que supuso un impacto económico en la ciudad de 1 millón de euros.

Críticas del PSOE

Hurtado considera que “hay motivos para ejercer la acción judicial tendente a buscar la nulidad del contrato por diversos motivos”. Así, ha explicado que “en primer lugar, en el expediente no consta estudio de mercado alguno, como pone de manifiesto el informe de intervención, lo que es de especial relevancia, dada la diferencia entre el contrato de patrocinio y la subvención”.

En el primero, sólo importa el “impacto publicitario” que puede originar la actividad, mientras que en la subvención la finalidad que se persigue es hacer posible una actividad considerada "de interés público", aunque también se obtiene un reconocimiento público de la ayuda concedida, puesto que es obligatorio que el beneficiario de la subvención deje constancia de ella en carteles y otros actos de difusión.

Según Hurtado, “se recurre al contrato de patrocinio y no a la subvención, aunque lo que en verdad le interesa al equipo de gobierno no es obtener retorno publicitario para el Ayuntamiento sino apoyar y hacer posible una determinada actividad”. Para el portavoz socialista, “lo que se pretende, utilizando el patrocinio en lugar de la subvención, es reducir el control jurídico sobre la Administración y por tanto, eludir el cumplimiento de reglas básicas de las subvenciones”, ya que en la subvención se exige tramitar un procedimiento de licitación para elegir al beneficiario. Además, se controla el uso de los fondos, puesto que éstos sólo se libran en la medida en que se justifique puntualmente la subvención.

Críticas al contrato de patrocinio

“El contrato de patrocinio se ha adjudicado de manera directa, sin competencia, sin estudio de mercado y por ende, desconociéndose en qué medida la aportación municipal es necesaria para la viabilidad económica del evento que el Ayuntamiento quiere apoyar”, ha detallado, para agregar que “se nos opondrá de contrario que el evento sólo puede ejecutarse por un determinado empresario o empresa; de ahí, su adjudicación directa”.

Ocurre que el artículo 168 LCSP señala a estos efectos, dice el PSOE en su nota, que “la no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial solo se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato”.

En definitiva, la adjudicación directa “está implícita en la propia selección de la actividad”. Por ello, ha insistido en que “cuando el Ayuntamiento recurre al contrato de patrocinio buscando apoyar una determinada actividad, más que obtener retorno publicitario, comete un fraude de ley. De ahí, que puede instarse la nulidad del contrato. Lo que se ha hecho es eludir las reglas de la subvención, y con ello las garantías jurídicas de su normativa”.