Faltan por devolver cerca de 3 millones de euros de la sentencia pionera en Córdoba contra Gas Natural

Este año se ha cumplido el vigésimo aniversario de la interposición por parte de la Fiscalía de Córdoba de una primera acción colectiva, que fue contra Gas Natural, para que devolviera a más de 200.000 familias andaluzas, de las que más de 100.000 de Córdoba, unos importes conjuntos que sumaban más de 10 millones de euros y que Ministerio Público, Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía, una asociación de consumidores de Jaén y posteriores sentencias estimaron como "abusivos".

Gracias a este fallo judicial, el fiscal delegado de la sección civil en Andalucía, Fernando Santos, que estuvo al frente de dicha acción colectiva por parte de la Fiscalía de Córdoba, ha recordado este martes que centenares de familias andaluzas reciben aún mensualmente una cantidad procedente de la ejecución de dicho proceso. La cantidad que Gas Natural Andalucía tenía que devolver a más de 200.000 familias andaluzas se cifró en 10.671.823,88 euros, aunque de momento quedan cerca de 3 millones sin reintegrar, un 20% de la cantidad total, debido a que ha sido imposible localizar a todos los consumidores afectados, ha aclarado Santos.

Una jornada analizará en Córdoba este avance jurídico

Este jueves se celebrará en la Audiencia Provincial de Córdoba la primera Jornada en Defensa de los Consumidores, en la que se analizará lo que supuso esa acción pionera a nivel nacional e incluso europeo, desde el punto de vista jurídico y social, entre otros temas de interés. En este encuentro se planteará la necesidad de contar con una legislación general que ampare a los consumidores y de la que aún adolece España, según ha avanzado en la presentación de la jornada Fernando Santos, acto en el que ha estado acompañado por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón.

El origen de la acción colectiva

El fiscal Santos ha recordado, sobre la gran acción colectiva contra Gas Natural, que el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Córdoba puso en conocimiento del Ministerio Fiscal hace más de 20 años la existencia de varias decenas de reclamaciones de usuarios de la compañía Gas Natural Andalucía por estimar que se les había cobrado indebidamente por dos conceptos que aparecían como cláusulas (derechos de alta y canon de finca).

El también fiscal de Consumo de la Audiencia Provincial ha manifestado que el Ministerio Público consideró que las cláusulas de los contratos en que se apoyaba el cobro resultaban nulas por abusivas, al carecer su cobro de la preceptiva habilitación previa por los organismos competentes, que eran la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria.

La sentencia fue estimada inicialmente por el juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba y confirmada por la Audiencia Provincial, no llegando a entrar el Tribunal Supremo en el fondo del asunto ante el desistimiento por Gas Natural Andalucía del recurso de casación interpuesto.

Dificultades para ejecutar la sentencia

A raíz de que la sentencia se hizo firme en 2007, se inició un camino a lo largo de más de 15 años, no fácil para ejecutar el fallo, según ha recalcado Fernando Santos. Tampoco fue fácil lograr la sentencia, ya que antes hicieron falta 18 recursos de apelación, resueltos por la Audiencia Provincial de Córdoba, lo que refleja, según Fernando Santos, la ·grave dificultad que entraña la ejecución de este tipo de acciones colectivas·, debido fundamentalmente a la falta de previsión legal al respecto. En este asunto, remarca este fiscal, la Audiencia de Córdoba también fue marcando hitos, supliendo la falta de normativa precisa.

Legislación en España en materia de consumo

Fernando Santos ha indicado que, al haberse adelantado los comicios generales, se ha quedado en puertas de aprobarse en España el anteproyecto de ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, una norma emanada conjuntamente de los ministerios de Justicia y de Consumo que, según este experto, estaba "condenada al fracaso", en el caso de que hubiera salido adelante.

Por otro lado, este representante del Ministerio Público ha señalado que se encuentran en tramitación otros importantes textos legales en materia de consumo, como son el proyecto de ley por el que se crea la autoridad administrativa independiente en defensa del cliente financiero y el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia.