Córdoba aprueba el destino de 32 de los 40 millones de superávit

El debate sobre el estado de la ciudad y la polémica por la obligación de acreditarse para entrar en el pleno del jueves opacaron la aprobación del destino de 32 de los 40 millones de superávit que arrojó la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba del 2022. Con la operación, al equipo de gobierno le restan algo más de 8 millones de remanentes líquidos de tesorería (8.094.763,44 euros) a los que esperan dar destino también en breve. El gobierno municipal tiene ahora hasta el 31 de diciembre próximo para gastar todo ese dinero, que no es sino el dinero líquido que tiene la entidad al cierre del ejercicio, ya que de lo contrario pasará directamente a enjugar deuda. 

El Ayuntamiento de Córdoba eleva su superávit a 40 millones al cierre del año 2022

El Ministerio de Hacienda acordó en el verano del 2019, tras escuchar la demanda de los ayuntamientos españoles vehiculada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), flexibilizar las reglas de gasto y permitir a las administraciones locales destinar los remanentes del año anterior a reducir la deuda acumulada, a inversiones financieramente sostenibles o al pago de facturas, teniendo siempre en cuenta el cumplimiento del límite de la regla de gasto, que básicamente viene a decir que no se pueden realizar gastos por encima de una tasa de crecimiento de los mismos que fija el Consejo de Ministros. 

Estabilidad y regla de gasto

En el caso de Córdoba, el Ayuntamiento cumplió el año pasado con los criterios de estabilidad, con 11,7 millones de margen; y con la regla de gasto, con un gasto computable inferior en 0,52% al del 2021. Además, y aunque en este mandato el periodo medio de pago a proveedores se ha incumplido durante meses, el año se cierra por debajo de lo permitido: 27 días de media, según los datos facilitados por la Delegación de Hacienda.  

Este año, además, se da la circunstancia de que por primera vez en su historia el Ayuntamiento ha cumplido el principio de anualidad presupuestaria, lo que ha llevado a cerrar las cuentas a final de año (en ejercicios anteriores se admitían facturas hasta el mes de marzo). 

De este modo, en el pleno del jueves se aprobó, en primer lugar, destinar entorno a 18 millones de euros al pago de facturas del 2022 y que con que el nuevo criterio de contabilidad que adelanta el cierre habían quedado pendientes. 

Comprar Caballerizas

En segundo lugar, el Pleno aprobó una dotación de crédito de 805.956 euros a la Gerencia de Urbanismo que completarán el importe previsto para el pago del justiprecio de Caballerizas Reales, un edificio que el Ayuntamiento quiere comprar al Ministerio de Defensa y por el que éste pedía 10 millones de euros. Ambas administraciones están a la espera de que se fije el precio definitivo (la comisión provincial de valoraciones del patrimonio estimó que el edificio tenía un coste de 5,2 millones) y la dotación de crédito a la GMU persigue que el organismo esté preparado para un pago que se prevé cercano. 

Por otro lado, se dotó de crédito necesario el nuevo contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento (10,9 millones) y del Imgema (95.000 euros), que se está redactando al haber expirado el anterior. Además se destinó crédito para la continuidad del suministro eléctrico en Capitulares, que estaba pendiente de pago. 

Por otro lado, se destinó dinero al abono de tasas de higiene pública pendientes a favor de la empresa municipal de limpieza (Sadeco) correspondientes a ejercicios anteriores a 2016 (11.562 euros); y crédito para eventos de ciudad promovidos por el área de Presidencia (270.000 euros). En total, el expediente que salió adelante solo con los votos de PP y Cs (el resto de grupos municipales se había salido del salón de plenos en señal de protesta, y David Dorado votó en contra) sumaba un importe de 12,2 millones.  

Asimismo, el Pleno aprobó también por urgencias otro expediente de 1,79 millones para reponder a obligaciones de los capítulos 4 y 7 de subvenciones nominativas y de concurrencia competitiva, así como algunas cuotas a organismos oficiales, que no llegaron a la fase de reconocimiento de la obligación, que afecta prácticamente a todas las delegaciones.