Las claves sobre cómo reclamar la responsabilidad tras la nulidad de la recogida neumática

La sede del Colegio de Administradores de Fincas ha acogido una charla a cargo de Manuel Carrasco, abogado en la firma Lanvèrt, sobre la responsabilidad patrimonial que deriva de la nulidad del plan de recogida neumática de basura. Como ha detallado Carrasco, se trata de un problema con varias aristas, pues esa responsabilidad puede ser exigida por el comprador de una vivienda que tenga el sistema y no funcione (a pesar de haber pagado por él), hasta el promotor que ha invertido en la urbanización y se ha gastado dinero en instalar dicho sistema, pasando por el que quiere exigirle al promotor que está haciendo ahora su vivienda (y no está acabada) que no haga esa infraestructura si no se va a poder poner en marcha.

Esta charla, destinada también a contestar las dudas de los asistentes, no ha acogido solo a administradores de fincas, sino que también estaba abierta a propietarios y promotores y a todo aquel que quiera informarse sobre el entramado que se presenta tras la nulidad del plan declarada por el TSJA.

El TSJA aclara que el plan especial de recogida neumática de basura de Córdoba es nulo en su totalidad

Además, como ha añadido el abogado especialista, también habrá que hacer las oportunas periciales económicas para determinar qué cargas debería pagar en este caso la administración, ya que en el caso de la responsabilidad patrimonial, la tendría que abonar el Ayuntamiento).

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Un sistema que nunca ha funcionado

El sistema, planificado hace 15 años para suprimir los contenedores y la recogida de basura con vehículos, no ha llegado a funcionar nunca a pesar del desembolso que han tenido que hacer los propietarios de estas viviendas. El sistema empezó a implantarse en 2005, siendo alcaldesa Rosa Aguilar, pero se impulsó en el mandato 2015-2019. Este sistema debía permitir a los vecinos depositar la basura en unos locales instalados en sus bloques, desde donde sería aspirada por unas conducciones y llevada a una planta donde se procedería a su tratamiento. 

Pocos meses después de la llegada del actual equipo de gobierno a Capitulares se anunció la intención de revisar el plan especial por su carestía. Urbanismo y Sadeco decidieron en el 2017 retomar el sistema y anunciaron para el 2020 la puesta en funcionamiento de la primera planta, la de Turruñuelos. Entonces había 15,5 kilómetros ejecutados de red para atender a 14.404 viviendas, cuya instalación había costado 20 millones.

Es la ubicación de la primera planta lo que se decidió recurrir ante los tribunales. Los afectados entendían que dicha elección infringía tanto el planeamiento superior (es decir que el plan especial se hizo sin observar el PGOU) como las garantías establecidas en la legislación urbanística para impedir la alteración y modificación de zonas verdes. El TSJA les dio la razón.