El concejal de Ciudadanos David Dorado denunció hace unos días a la oficina del registro del Ayuntamiento de Córdoba al entender que se había violado su correspondencia. El edil, que no ha querido hacer declaraciones a este medio y se encuentra en estos momentos de baja médica por motivos de salud, se dirigió a los juzgados para dar cuenta de su denuncia y el martes pasado se personaron en el Ayuntamiento de Córdoba dos policías judiciales para comprobar la identidad de los responsables de este servicio municipal.
Fuentes municipales de toda solvencia han explicado a este periódico que la carta en cuestión llegó de manera física a la oficina del Registro General del Ayuntamiento de Córdoba, pero que «no estaba a nombre de David Dorado sino del concejal de Infraestructuras». En cualquier caso, como es habitual en esta oficina y queda recogido en unas instrucciones del departamento de Gestión que rigen su actividad, la carta se abrió como se hace en todos los casos para registrarla y fechar su entrada al Ayuntamiento cordobés. Asimismo, el registro la remitió a la Delegación de Infraestructuras a la que iba dirigida.
Las mismas fuentes municipales recuerdan que es tarea de esta oficina registrar todas las comunicaciones oficiales que llegan a Capitulares para dejar constancia de su entrada ya sea vía física, en el registro general que está ubicado en la sede municipal de Gran Capitán, ya sea por vía telemática, es decir, a través del registro alojado en la oficina virtual del que dispone el Ayuntamiento de Córdoba en su página web.
Citación judicial
Se da la casualidad de que la correspondencia que el también portavoz de Cs consideró violada era una citación que los juzgados, --en concreto el juzgado número 4 de Instrucción de Córdoba--, le habían cursando para declarar en calidad de testigo el próximo 11 de mayo en el llamado caso Infraestructuras, del que se instruyen en estos momentos diligencias previas.
Este causa judicial trata de dilucidar si se cometieron irregularidades en contratos menores aprobados por la Delegación de Infraestructuras, tal y como señaló en su momento el Ministerio Fiscal y apuntó en su auto el juez Rodríguez Laínz al considerar que los hechos investigados hacían presumir la posible existencia de una infracción penal, en concreto posibles delitos de prevaricación administrativa para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes, y elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar; falsedad en documento oficial, así, como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos.
De momento, solo están imputados la entonces coordinadora de la delegación (un cargo de confianza nombrado por el gobierno local) y un técnico municipal. Ambos ya fueron llamados a declarar por el juez. En dichas declaraciones, la coordinadora ha sostenido que a la hora de contratar seguía la opinión de los técnicos y señaló al entonces concejal del área, David Dorado, como responsable de la designación del funcionario también imputado.
La derivada política de este caso provocó en diciembre del 2021 el cese del hasta entonces concejal de Infraestructuras, David Dorado, de sus funciones en este área y que el edil fuera relegado a las labores de portavoz de su grupo municipal, labores que por otro lado no siempre lleva a cabo (en el último pleno, por ejemplo, compareció ante los medios como portavoz la primera teniente de alcalde, Isabel Albás).
