Si el jueves se convocaron las bases para 83 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba por turno libre, ayer el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la convocatoria para la provisión en propiedad de 26 plazas de trabajador social, mediante el mismo sistema, turno libre. De este modo, las empleadas sociales que trabajan en la actualidad en el Consistorio cordobés se presentarán a un examen en el que no se valorará la experiencia cosechada estos años de servicio en la administración local. Aunque algunos grupos de la oposición han pedido la parálisis de esta convocatoria , diez trabajadoras perdieron en primera instancia el recurso judicial planteado contra la misma. Se trata de 26 plazas de trabajador social incluidas en las Ofertas Públicas de Empleo 2017, 2018 y 2020. 

Estas dos convocatorias, -- que continuarán sus respectivos trámites administrativos--, se producen en pleno debate sobre el futuro de una plantilla municipal formada por más de 200 interinos, que están pidiendo al gobierno local que paralice los procesos convocados después de 6 de julio (cuando se produjo la aprobación del real decreto de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público) y en los casos en que afecten a plazas ocupadas por trabajadores temporales.

Piden, además, que dichas plazas no se saquen por turno libre sino por concurso-oposición para que puedan valorarse sus méritos y experiencia. Los partidos de la oposición municipal, incluido Vox, han respaldado sus demandas y en el pleno del jueves el sindicato CGT se concentró, junto a trabajadores afectados, para pedir la paralización de los procesos. El resto de sindicatos con representación en el Ayuntamiento (CCOO, UGT, CTA y CSIF) han mantenido numerosas reuniones con el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), para abordar la situación. Incluso presentaron a los responsables de personal un informe elaborado por un letrado independiente y especializado en Derecho Contencioso-Administrativo que, aunque reconocía la potestad del gobierno municipal de sacar las plazas por el sistema de turno libre, entendía que lo razonable era hacerlo por concurso-oposición. A nivel administrativo, la primera fórmula es más rápida en los tiempos de incorporación de los empleados a la plantilla, ya que no hay que baremar méritos.