La salida de Carmen Calvo del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha generado dudas entre las asociaciones memorialistas, que piden que se respete el protocolo firmado en diciembre por todas las administraciones para impulsar las exhumaciones de la capital cordobesa. Desde Dejadnos Llorar esperan que la marcha de la vicepresidenta no afecte «en nada» y que se mantengan los compromisos adquiridos tras la firma que en parte activó y fue empeño personal de la propia Calvo. «Nosotros seguimos trabajando en silencio: queremos que se adjudiquen ya los estudios y se ponga en marcha el plan de exhumaciones con plazos y financiación», comentan desde esta asociación.
De hecho estaba previsto que hoy mismo se colgara en la plataforma de contratación del Estado la licitación del estudio previo para el cuadro Virgen de los Dolores del cementerio de la Salud por un importe de 18.000 euros. El gerente de Cecosam, que preside además la comisión técnica para el cumplimiento del acuerdo, Pedro José Ruiz, explica que solo falta un certificado para poder sacar a contratación el sondeo.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y el delegado de Cooperación y Memoria Democrática en la institución, Ramón Hernández, han mantenido un encuentro con representantes de la Coordinadora Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica en la que han expresado su malestar por la falta de avances en la exhumación de las fosas comunes de Córdoba capital. En este sentido, Ruiz ha señalado que “siete meses después del acuerdo firmado en diciembre no se ha producido ningún progreso en este sentido”. Por ello, “exigimos que se convoque con urgencia la comisión mixta y que se proceda a la firma del convenio de colaboración, estableciendo así un compromiso presupuestario y un calendario de actuaciones”.
Así se ha expresado, también, el delegado de Memoria Democrática, quien ha recordado que “han pasado dos meses desde la última reunión con representantes del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, la única que ha tenido lugar tras la firma del protocolo el pasado 11 de diciembre, y en ella se acordó que en un breve plazo se trasladaría una propuesta de convenio que permitiría iniciar las actuaciones”. Hernández ha hecho hincapié en que “a día de hoy no hemos recibido comunicación alguna por parte de la Junta de Andalucía y estos retrasos resultan incomprensibe existiendo ya un acuerdo entre las administraciones”. Del mismo modo, ha continuado el diputado provincial, “suponen una falta de respeto tanto a las familias de las víctimas como al movimiento memorialista y a la ciudadanía comprometida con los derechos de verdad, justicia y reparación”.
El delegado de Memoria ha concluido señalando que “vamos con más de cuatro décadas de retraso en esta tarea y no puede demorarse más, por eso por parte de la Diputación hay voluntad de avanzar en los trabajos de exhumación de fosas comunes a través de la aportación económica que se considere necesaria”.
Sobre la nueva ley de Memoria Democrática
También estaba previsto que hoy el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley de Memoria Democrática, una norma en la que la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, llevaba trabajando un año y a la que aludió como su «joyita» en el traspaso de poderes al nuevo responsable de su cartera, Félix Bolaños. Su sucesor ordenó ayer parar la aprobación, porque quiere revisar la ley antes y no presentarla aún ante el Consejo de Ministros.
Para Dejadnos Llorar, este gesto les genera «incertidumbre» aunque esperan que sea solo un trámite. Respecto al proyecto apuntan que «como todas las leyes tiene algunos aspectos mejorables», pero consideran que en conjunto «parece positiva». De este modo, valoran que dé más seguridad jurídica y más reconocimiento a las víctimas. También critican lo referente a la amnistía, aunque confían en que el trámite parlamentario mejore el texto.
Arehemisa, más crítica
Desde Arehemisa, explican que «como el grueso del tejido del movimiento memorialista de este país lleva ya tiempo intentando aportar al texto de la nueva ley las alegaciones necesarias de las que adolece en materia de justicia y reparación». En concreto, la asociación que se encuentra trabajando en la actualidad en las exhumaciones de Aguilar, reclama que la ley cumpla con los estándares esperados en materia de Derechos Humanos. «Creemos que la versión de la ley que de momento se ve paralizada, aunque mejora en algunos aspectos el texto legislativo del año 2007, toca o deja aspectos demasiado lesivos para que sea apoyada con un amplio consenso de familiares de víctimas y colectivos memorialistas».
En este sentido, para Arehemisa, la paralización de la tramitación parlamentaria de la ley puede ser «una magnífica oportunidad» para que sus peticiones y aportaciones sean tenidas en cuenta. «Si no, creemos que el texto sólo será uno más de la maraña legislativa que a lo largo de los últimos quince años se ha venido tejiendo en las distintas comunidades autónomas y que sólo genera desconcierto, desconfianza y confusión, además de un largo, lento y tortuoso proceso administrativo, para dejar de resolver el verdadero problema: la falta de financiación y la implicación de las administraciones».
