Una multitudinaria caravana de vehículos convocada por Más Plurales ha recorrido este domingo la ciudad, entre las 11.00 horas y las 13.00 horas, bajo el lema "Stop ley Celaá". El poder de convocatoria de la manifestación ha sorprendido hasta los propios organizadores, encabezados por Antonio Guerra, representante de Escuelas Católicas, que ha valorado la manifestación como "un perfecto punto de partida".
La plataforma formada por organizaciones como Escuelas Católicas Andalucía, CECE Andalucía, FISIE Andalucía, FEUSO, Concapa Andalucía y Fapyme, y respaldados por los centros concertados cordobeses, ha organizado esta protesta junto a otras durante esta semana para pedir "la protección y la continuidad de la pluralidad democrática del sistema educativo actual" y reclamar al Estado "la obligación que tiene de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos", según explica la plataforma en su manifiesto y han expresado numerosas fuentes vinculadas a la escuela concertada a este periódico durante esta semana.
En esta ocasión, la multitudinaria movilización ha realizado un recorrido partiendo de la calle Ingeniero Juan de la Cierva y continuando por avenida de Cádiz, Plaza de Andalucía, Puente de San Rafael, avenida del Corregidor, avenida Conde Vallellano para volver a avenida Cádiz y concluir en el punto inicial. La Policía Local ha estimado que han sido 1.300 turismos los que han participado en la marcha.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha querido apoyar la protesta junto a otros concejales y miembros del PP de Córdoba. Así, en el Twitter del alcalde se han podido leer unas declaraciones suscribiendo los reclamos de la manifestación.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el secretario general del PP, Adolfo Molina, en la concentración. FOTO: CÓRDOBA
Los organizadores de la manifestación, encabezados por Antonio Guerra, representante de Escuelas Católicas, han manifestado su "alegría y sorpresa" por la "enorme participación" en la convocatoria y, a la espera de los datos, hacen un balance "positivo" y creen que "esto puede y debe ser un punto de partida" para la derogación de la Ley.
Por su parte, José Luis Victorio, vicepresidente en de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de 0-3 años de Córdoba, ha contado a este periódico que "incluso le ha sido difícil incorporarse a la cola" y ha reclamado "una ley que atienda a los profesionales de la Educación y las auténticas demandas y necesidades de los centros". Ha expresado su "profundo temor" a que las desigualdades sociales se multipliquen, especialmente en la etapa de 0-3 años.
Asimismo, María José Alfaro, maestra de la concertada y madre, ha considerado la asistencia porque "quieren elegir en libertad la educación para nuestra hija". Como docente considera que "debe haber pluralidad y un modelo inclusivo en el que pueda convivir la educación pública y la educación concertada". Ha valorado la manifestación como "un éxito total en un clima de convivencia ejemplar".
Carlos García, profesor del Colegio Maristas, ha expresado que "no solamente hemos creado una cadena de coches impresionante sino que hemos unido el esfuerzo y las ganas de tantísimas personas que han resonado al son de los pitidos como una sola voz pidiendo lo que nos corresponde y es justo. En coche, a pie, en bici. Un sin fin de personas defendiendo su derecho a la educación, a la libre elección de centro".
Los colegios concertados no han querido dejar de sumarse y, entre otros, La Salle Córdoba compartía en su perfil de Instagram: "Profesores, familias y alumnos de nuestro Colegio se unen a la protesta de hoy por una educación libre".
El pasado miércoles, 18 de noviembre, la plataforma Más Plurales, apoyada por los colegios concertados de Córdoba, también convocó numerosas concentraciones en los centros educativos "afectados" contra la llamada 'ley Celaá', en la que dedicaron dos minutos de silencio como acto reivindicativo. En las protestas participaron representantes de equipos directivos, profesores, AMPA, antiguos alumnos, personal de administración y servicios, entre otros que quisieron sumarse.
Según varias fuentes vinculadas con la plataforma, "la reforma de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática".
