El anuncio de la decisión de prolongar el estado de alarma hasta el 26 de abril realizado ayer por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se convirtió quizá en la noticia más esperada y también más temida de la semana, que fue justificada por la necesidad de mantener la lucha contra el covid-19 para reducir las muertes y contagios de ciudadanos.

Solo una semana antes, Sánchez anunció la suspensión de las actividades no esenciales, lo que se tradujo en un endurecimiento de las medidas adoptadas hasta el momento. Estas dos noticias son ejemplo del ritmo de vértigo al que los gobiernos (tanto nacional como de comunidades autónomas y municipios), las empresas y otras entidades están adoptando decisiones para afrontar «la mayor crisis de nuestras vidas», en palabras del propio Pedro Sánchez, e intentar paliar sus efectos sobre la población.

Esta semana, la Junta de Andalucía ha informado de distintos avances como que el respirador Andalucía Respira, diseñado en Málaga, ha superado con éxito el segundo ensayo en humanos; la llegada de los primeros test rápidos en sangre para detectar positivos al virus SARS-COV-2 o la medicalización del hotel Ciudad de Córdoba. De su parte, los ayuntamientos están impulsando iniciativas para la desinfección de las ciudades y para atender diferentes necesidades de la población. A modo de ejemplo, en Córdoba el Consistorio ha suscrito un convenio con el Banco de Alimentos para el reparto de productos en los colegios y ha flexibilizado el pago de tributos. Estas y otras medidas se suman a las iniciadas por entidades sociales, empresas y ciudadanos en general, que están movilizándose para hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes.