El empresario Rafael Gómez ingresó en la cárcel de Córdoba el pasado 4 de diciembre para cumplir la condena a cinco años y tres meses de privación de libertad que le ha sido impuesta por dos fraudes contra la Hacienda Pública. Con la ejecución de la sentencia, se da un nuevo paso en un proceso judicial que se ha prolongado durante años y que ha afectado a una de las figuras más destacadas de Córdoba en las últimas décadas, tanto por sus éxitos profesionales como por las polémicas que le han rodeado.
El que también fuera líder de la oposición en el Ayuntamiento de la capital con Unión Cordobesa (UCOR) durante el último mandato ha pasado sus primeros días en la prisión de Alcolea ingresado en el módulo de enfermería. Ahora tiene que ser valorado por un equipo técnico que, después de analizar su perfil, determinará el módulo en el que habitará. Fuentes consultadas señalan que, de acuerdo con sus 73 años de edad y los delitos cometidos, posiblemente lo destinen a una de las denominadas unidades «de respeto», dado que en ellas existe una menor conflictividad respecto a otras por las características de los internos. Un día antes de su entrada en el centro, estos ya rumoreaban sobre su llegada. Los primeros permisos para abandonar la cárcel podrían llegar una vez que haya superado un cuarto del tiempo de su condena.
El proceso
El juicio que le ha llevado a estar entre rejas se celebró el pasado enero. La instrucción del caso duró más de siete años y el fiscal había solicitado para él 44 años de cárcel por defraudar 58,3 millones de euros, al entender que cometió 11 delitos. Por otra parte, sus hijos fueron acusados de ocho delitos y se enfrentaban a 22 años de prisión. En la sentencia se condenó a Gómez por dos fraudes a la Hacienda Pública. La Justicia ha determinado que dejó de abonar en torno a 29 millones de euros en impuestos de dos empresas. Así, sus hijos fueron absueltos, pero el empresario tendrá que cumplir la pena de cárcel, pagar una indemnización por la citada cantidad y una multa de unos 112 millones de euros. En el 2006, ya fue condenado por cohecho activo en la operación Malaya y un año antes, multado con más de 24 millones de euros por el Ayuntamiento de Córdoba, a raíz de la construcción sin licencia de naves en la carretera de Palma del Río.
Trayectoria
Gómez ha abarcado sectores de actividad como la joyería, la construcción, el deporte y la sanidad, sobresaliendo en todos ellos. De este modo, el grupo Rafael Gómez Sánchez tuvo más de 50 firmas y cerca de 9.000 trabajadores, casi 3.000 empleados de forma directa. Sin embargo, llegó la crisis económica y, en concreto, la del ladrillo, y en el 2009 informó de que había perdido casi 9.000 profesionales y la deuda había llegado a 3.200 millones de euros, aunque precisando que la había abonado prácticamente toda. Aquellos fueron tiempos previos a su llegada a la política en el 2011, cuando logró convertir a UCOR en la primera fuerza de la oposición en el Consistorio de la capital con cinco concejales. En la actualidad tiene un edil, Rafael Serrano, y por el momento no se ha pronunciado sobre el encarcelamiento de su líder. Todavía no se le han cerrado las puertas en el Constitucional, al que ha planteado un recurso de amparo, y en el Gobierno, al que ha solicitado el indulto.
