Me he ido porque no puedo ver cómo la derribaban", decía ayer Guillermo Martín Barco antes de romper a llorar. Así se encontraba el propietario de la firma Carpintería y Montajes Reguimar SL tras comenzar los operarios municipales las tareas de derribo de su nave, instalada a la entrada del polígono industrial de Quintos (junto a la carretera Puesta en Riego, o CH-2), después de haber llegado a su fin todo el calvario de recursos a un expediente para la reposición de realidad física alterada de la finca, catalogada de "especial protección ambiental de la Vega". Al respecto hay que recordar que en esta calificación está la práctica totalidad de fincas del Sur del municipio que no estén dentro de los 18 planes de regulación de parcelaciones del PGOU del 2001.

La nave se está derribando (mejor dicho, "desmontando", ya que los técnicos municipales estimaron que era más eficaz y tenía menos riesgo separar mecánicamente las piezas) al cumplirse unos diez años de haber sido levantada irregularmente. Guillermo Martín, incluso, abonó una multa de 10.753 euros en febrero del 2004, cerrando así el expediente sancionador. Sin embargo, se produjeron otras denuncias de propietarios de naves de la zona y, paralelamente, siguió su curso el otro expediente: el de derribo. En julio del 2008, el entonces gerente de Urbanismo y después alcalde, Andrés Ocaña, firmó la primera resolución ordenando el derribo. Tras una sentencia de Lo Contencioso Administrativo Número 1 (que también fue contraria a Guillermo Martín), el sucesor de Ocaña en Urbanismo, Francisco Tejada, firmó otra segunda orden en junio y, en noviembre, la de "ejecución subsidiaria" del derribo para demoler las instalaciones a cargo del Ayuntamiento y luego pasarle los costes al propietario.

En todo caso, esta orden ha tardado dos años en ejecutarse y se ha materializado tras haberse recibido requerimientos para ello. "Me han cogido como cabeza de turco. Con todo lo que se ha construido en la zona, ¿cómo puedo ser el único?" se preguntaba ayer Guillermo Martín. "Ahora, ¿de qué vivo?" concluye, recordando aquellos tiempos en los que la firma llegó a tener hasta tres trabajadores.

Por su lado, fuentes de Urbanismo reiteraban ayer que solo se ha seguido la tramitación de un expediente incoado hace años y que no ejecutar las conclusiones del mismo pueden acarrear consecuencias a los responsables políticos y técnicos por su inacción e, incluso, acabar siendo un delito de prevaricación al mantenerse una decisión a sabiendas de que es ilegal.