La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha incoado una actuación de oficio interesándose por los «retrasos» en analizar el ADN de restos exhumados para identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista.

En el texto de la queja, consultado por Europa Press y que dirige a la Universidad de Granada y a la Viceconsejería de Turismo, Cultura y Deporte, la Defensoría expone que los procesos de Memoria Democrática «son un componente esencial en la configuración y desarrollo de todas las sociedades humanas, y afectan desde los gestos más cotidianos hasta las grandes políticas de Estado», por lo que «es responsabilidad de los poderes públicos el desarrollo de políticas que fomenten su vertiente reparadora, inclusiva y plural».

Tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática de 19 de octubre, «preservar y mantener la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, constituye un derecho a proteger», abunda la institución. Ya en el ámbito andaluz, alude a la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía cuyo artículo 5.1 prevé que «la Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas y actuaciones necesarias para la localización, exhumación e identificación de todas las víctimas a que se refiere el artículo 4.b)». El protocolo de actuación suscrito establece que el procedimiento analítico será realizado por la Universidad de Granada «en el tiempo máximo de cuatro meses a partir de la fecha de entrega de las muestras a la Universidad», precisa.