Obtención indebida de ayuda de la Administración pública, prevaricación y cohecho son los delitos que la jueza Mercedes Alaya imputó ayer a la expresidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) Encarnación Poto Monge, por su inclusión en el expediente de regulación de empleo (ERE) de la entidad, pese a que siguió vinculada a la misma. Ayer, se acogió a su derecho a no declarar. Anticorrupción solicitó para ella una fianza de 3,5 millones en concepto de responsabilidad civil; mientras que para el exresponsable de recursos humanos de Acyco Gabriel Barrero reclamó una fianza de 153.000 euros.

La comparecencia de Poto Monge, que recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 1999, ha sido muy breve porque se ha negado a declarar y ni siquiera ha querido escuchar formalmente los hechos que se le imputan. Según le dijo a la jueza, "ya los conocía", por lo que no ha estado ni media hora en el juzgado. Unicamente se ha celebrado la vista para imponerle medidas cautelares para asegurar su futura responsabilidad civil por los delitos cometidos, momento en el que el fiscal reclamó que se le imponga una fianza de 3,5 millones de euros, que se corresponde con el coste total del ERE de Acyco más un tercio.

COBROS Encarnación Poto Monge, afiliada del PSOE y UGT, se prejubiló en el ERE de Acyco "cuando no llegó a extinguir su relación laboral" con la misma, llegando a cobrar incluso 318.455 euros en dietas por asistir a los consejos de administración entre el 2004 y el 2010. Según la magistrada, también cobró sus prestaciones por desempleo desde el 19 de agosto del 2003 hasta el 18 de agosto del 2005 y las prestaciones relativas a su prejubilación derivadas de dos pólizas, por lo que para Alaya "resulta indiciariamente acreditada la continuidad de su relación laboral con la empresa en virtud de las importantes cantidades percibidas en concepto de dietas".

En el auto en el que la magistrada imputó a Poto, dictado el pasado mes de enero, Mercedes Alaya destacaba que la expresidenta de Acyco cobró finalmente a través de las referidas pólizas 276.505,92 euros, a lo que se suma que solicitó una ayuda excepcional para mantener 144 puestos de trabajo de la empresa "cuando en realidad dicha ayuda era para el pago de la minuta del despacho Garrigues", que se hizo cargo de la tramitación del ERE.

Por último, la jueza incide en su "actuación omisiva" al conocer que en las prejubilaciones se incluyeron a dos personas ajenas a Acyco y "no haber realizado ningún acto concreto y fehaciente que demostrara su oposición". En concreto, estas dos personas eran el ex alcalde del PSOE de San Nicolás del Puerto (Sevilla) Domingo Martínez Castillo, ya fallecido, y el vecino de El Pedroso (Sevilla) Andrés Carrasco Muñoz, que tenía una churrería y que también está imputado.

Asimismo, Alaya también imputa por estos mismos hechos (permitir la inclusión de intrusos y de Poto en el ERE y reclamar una ayuda pública con otro fin) al exdirector de recursos humanos de Acyco Gabriel Barrero, a quien además de los delitos citados también le considera autor de uno de malversación de caudales públicos. Barrero sostuvo ante la jueza que él y Poto se dieron cuenta de la inclusión de intrusos, por lo que envió un fax a Garrigues para que subsanara el error. "Lo consideré un error de transcripción", dijo.