El nombre de Antonio Rivas, el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla imputado en la causa, aparece en varias ocasiones a lo largo de la declaración del exdirector de recursos humanos de Acyco Gabriel Barrero.

La jueza Mercedes Alaya pregunta por Rivas, que está citado a declarar el 26 de julio, en cinco ocasiones y otras tantas por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado 10 de marzo.

Alaya interrogó a Barrero sobre el papel del exdelegado y sobre posibles reuniones y compromisos que éste pudo adquirir para que la Junta financiara el ERE de Acyco. Sin embargo, el exresponsable de recursos humanos aseguró que "no mantuvo ninguna reunión con Rivas".

Pero afirmó que el exdelegado de Empleo era "una persona muy cercana a Acyco, que había intervenido en muchas ocasiones cuando había habido problemas entre el comité de empresa y la dirección de la empresa, acudiendo incluso a las instalaciones de Acyco".

Un "interés" que, según dijo, "pudiera ser por las relaciones que pudiera tener Encarnación Poto con la Administración" autonómica. Es más, afirmó que ésta "tenía relaciones políticas e institucionales con cargos del PSOE y de la Junta".

DESPACHO DE GARRIGUES Asimismo, Barrero explicó que fue Garrigues el que se puso en contacto con Acyco para tramitar el expediente de regulación de empleo. De hecho, fue Poto quien le confirmó que este despacho de abogados se haría cargo de la tramitación, pese a que él es abogado y hubiera podido hacerlo, y que "todos los gastos relativos al ERE, incluidas las facturas de asesoramiento de Garrigues, iban a ser financiadas por la Junta".