En el 2003 arrancan las obras de un macrohotel que incumple la protección de los primeros 100 metros del litoral, según los ecologistas. Dos años más tarde, un juez suspende las obras.
El Gobierno dicta la expropiación de los terrenos donde se asienta el hotel en el 2006. La Junta ejerce el derecho de retracto sobre otra parte de la parcela. Azata recurre a la Audiencia Nacional.
El TSJA y el Supremo le dan la razón a los ecologistas en el 2011.
