El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de la Dehesa, elaborado por las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente, y que supone un modelo de gestión única que beneficiará a los titulares de las explotaciones con incentivos, asistencia técnica y simplificación de trámites.
Este proyecto, que será remitido al Parlamento para su aprobación definitiva, es un marco regulador para asegurar la conservación y la viabilidad económica de este sistema de explotación sostenible de los recursos agroganaderos y forestales, que en Andalucía ocupan 1,25 millones de hectáreas -la mitad del total nacional-.
El contenido del texto fue presentado por la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, y de Medio Ambiente, Cinta Castillo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
La futura ley integrará las distintas normativas autonómicas que regulan los usos y aprovechamientos desde perspectivas sectoriales (agraria, forestal y ambiental) para hacerlas totalmente compatibles, de acuerdo con un modelo de gestión única, según explicó la consejera de Agricultura.
Con ello se simplificarán unos procedimientos administrativos ahora fragmentados y se facilitará la relación de los titulares de las explotaciones con la administración, por lo que se introduce como novedad destacada la creación de servicios específicos de asistencia técnica a la dehesa.
Entre otros instrumentos de protección, gestión y promoción, el proyecto establece la elaboración de un plan director de ámbito general, con una vigencia de 20 años y revisiones intermedias cada cinco, un documento que incluirá un diagnóstico y un análisis de nuevas posibilidades de uso que mejoren la rentabilidad de las producciones de las dehesas.
También recogerá medidas para hacer frente a sus principales amenazas y para revalorizar la singularidad ambiental, social y cultural de estos territorios.
A este marco general se ajustarán los denominados planes de gestión integral que podrán desarrollar los titulares de las explotaciones, unas iniciativas que tendrán carácter voluntario, si bien su realización se considerará como criterio prioritario en el acceso a ayudas públicas, tanto agrarias como ambientales.
Con una duración de cinco años prorrogables, su aprobación supondrá la autorización efectiva de todos los aprovechamientos y trabajos forestales, agrícolas y ganaderos que durante ese periodo se lleven a cabo en la dehesa.
Aguilera indicó que junto con las explotaciones que tengan planes de gestión, la ley también concederá prioridad a las dehesas ubicadas en espacios naturales protegidos y a aquellas que incorporen producciones integradas o de ganadería ecológica, y recordó que para acceder con carácter general a los incentivos y medidas de apoyo será necesaria la inscripción en el Censo de Dehesas de Andalucía, de nueva creación.
El desarrollo de las medidas previstas contará con la coordinación y de la Comisión Andaluza para la Dehesa, integrada por las consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, y del Centro Andaluz de Investigación de la Dehesa, que tendrá el concurso de universidades y organizaciones privadas.
