Puentes en agua turbulenta

Por las procelosas aguas de la gestión hídrica navegan todas las administraciones públicas, y también algunas privadas. Desde la mastodóntica y legalista Unión Europea hasta el más pequeño y recóndito pueblo cordobés, todos tienen algo que decir. El ciclo integral del agua es quizás uno de los más complejos sistemas de servicios del país, con infinidad de normas y responsabilidades que no siempre están claras. No es difícil naufragar cuando se habla del agua.

El reciente caso de Baena, con los grifos cerrados durante 10 días, ha puesto de relieve la dificultad de determinar quién tiene que hacer qué y cuándo. La escasa comunicación entre instituciones (en este episodio, tres públicas y una privada) complicó la resolución del problema. Emproacsa y Aqualia, empresas pública y privada respectivamente, tomaron agua de captaciones sin informar de ello a la autoridad sanitaria, la Junta de Andalucía, según denunció Salud en un comunicado. Entre medias, el Ayuntamiento de Baena protestaba por la falta de información. Faltaron puentes entre todos los actores.

Salud declara apta para el consumo el agua de Baena

Para entender el galimatías hídrico primero hay que discernir entre la gestión del agua en alta y en baja. La primera incluye la captación, el tratamiento previo o depuración y el traslado hasta los depósitos municipales, entre otras cosas. Requiere de grandes y costosas infraestructuras como pantanos, potabilizadoras, estaciones de bombeo y redes de distribución que se extienden a kilómetros de distancia. Sólo en la provincia hay unos 1.200 kilómetros de tuberías que gestiona Emproacsa. Por sus características, suelen ser las administraciones públicas quienes financian su construcción: estado, comunidades autónomas, organismos de cuenca y empresas públicas estatales, diputaciones y sus sociedades... En general, el ciudadano de a pie no percibirá nunca su presencia, salvo si vive cerca de un pantano. Pero están ahí y cuesta dinero —mucho dinero— construir y mantener esos sistemas.

El agua en baja

En un segundo nivel está el abastecimiento en baja, una red que discurre desde los depósitos locales hasta el grifo doméstico, por debajo del entramado urbano. Su gestión y mantenimiento es competencia municipal, pero los formas de hacerlo son muy variadas. Hay ayuntamientos que asumen todo con recursos propios, dado que hay mucho dinero en juego.

En las grandes urbes, suelen ser empresas municipales las que gestionan el agua en baja. Ahí está la potente Emacsa de la capital, capaz de afrontar de su propio bolsillo costosas obras como los tanques de tormentas, que rondan los 20 millones de euros cada uno. O Aguas de Montilla o de Lucena, por citar otras dos. Pero este modelo no es el más común.

La obra del tanque de tormentas incluirá la remodelación con más sombras del Balcón del Guadalquivir

Otros ayuntamientos delegan el agua en baja en empresas privadas que cobran un canon y a cambio se encargan de todo, incluso del mantenimiento. Baena es uno de los municipios que aplica el modelo público-privado y Pozoblanco ha sido el último en hacerlo, este mismo verano. Hay unas cuantos más pero la mayoría de los pueblos cordobeses están a cargo de la empresa de la Diputación Emproacsa, que gestiona el agua en baja a través del ciclo integral del agua en 54 municipios y dos entidades con una población superior a los 200.000 habitantes.

A este cóctel de administraciones hay que añadir la UE, que obliga a depurar todo el líquido que se devuelve a los ríos; las confederaciones hidrográficas (dos en Córdoba, la del Guadiana y la del Guadalquivir), que regulan los cauces y pantanos, entre otras funciones; las autoridades sanitarias que vigilan la calidad de las aguas (la Consejería de Salud); y hasta los organismos fiscales.

Agua del sur para el norte

Un ejemplo —malo— de cómo la gestión del agua implica a administraciones a todos los niveles es el de La Colada. El embalse fue construido por el Estado a través de una empresa pública (Aquaes); la conexión con la potabilizadora de la Diputación corresponde a la Junta, que nunca hizo su parte —está en trámites ahora—; de forma provisional y urgente, la Confederación del Guadiana resolvió la papeleta a principios de este año; y los ayuntamientos miran con resignación cómo sus vecinos tienen que recoger el agua en cubas, porque todo este lío no ha servido, al fin y al cabo, para solucionar definitivamente el problema. Y todo por no tender puentes a tiempo.

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